Presidenta rechaza acusaciones de censura
Claudia Sheinbaum volvió a defender los lineamientos sobre derechos de las audiencias y negó que se trate de un intento de censura contra medios de comunicación. La presidenta sostuvo que el objetivo es garantizar el derecho de la población a recibir información y distinguir entre hechos, opiniones y contenidos publicitarios.
La discusión se mantiene abierta porque el anteproyecto obliga a concesionarios de radio, televisión abierta, televisión de paga y audio de paga a registrar y difundir códigos de ética, además de contar con defensores de audiencias. La consulta pública inició el 27 de julio y permanecerá abierta hasta el 21 de agosto.
“También los medios deben tener código de ética”
Sheinbaum argumentó que, así como el gobierno debe ser transparente, los medios también deben contar con códigos de ética para garantizar el derecho a la información. La presidenta insistió en que esas reglas no buscan controlar líneas editoriales, sino establecer obligaciones mínimas frente a las audiencias.
El gobierno también ha defendido que los lineamientos obligan a diferenciar información de opinión y publicidad de contenido informativo. Para la administración federal, esas reglas permitirían responder a quejas, ejercer derecho de réplica y corregir información falsa.
Medios bajo sospecha oficial
El problema político está en el tono del debate. Sheinbaum acusó a varios medios de mentir deliberadamente y sostuvo que las audiencias tienen derecho a reclamar cuando se difunde información falsa. Esa postura alimentó las críticas de periodistas, oposición y organizaciones que temen que los lineamientos se conviertan en una herramienta de presión desde el Estado.
La diferencia entre regular derechos de audiencias y vigilar contenidos es delicada. Un código de ética puede servir para proteger al público, pero también puede volverse riesgoso si la autoridad termina definiendo qué información es aceptable y cuál merece sanción.
Consulta bajo presión
El debate continuará mientras la consulta siga abierta. El gobierno sostiene que no habrá censura; críticos piden modificar el proyecto para evitar sanciones ambiguas o facultades excesivas del regulador.
La discusión de fondo no es si las audiencias tienen derechos, sino quién los protege y con qué límites. Si el Estado se convierte en árbitro de la ética informativa, el margen para presionar a medios incómodos puede crecer aunque el proyecto no use la palabra censura.
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