Gobernadora defiende registro de medios
Rocío Nahle respaldó la elaboración de un censo de periodistas y medios en Veracruz bajo el argumento de “ordenar” la relación entre gobierno y prensa. La propuesta provocó preocupación entre comunicadores y organizaciones, especialmente por el contexto de violencia contra periodistas en el estado.
Veracruz es uno de los territorios más peligrosos para ejercer el periodismo en México. Desde el año 2000 han sido asesinados 34 comunicadores en la entidad, y el caso reciente de Roxana Guzmán volvió a exhibir la vulnerabilidad de la prensa local frente al crimen y autoridades municipales.
“Ordenar” a la prensa
La explicación oficial apunta a identificar medios, periodistas y canales de comunicación para ordenar conferencias, coberturas o acceso institucional. Sin embargo, el uso de censos o registros de comunicadores despierta alertas porque puede derivar en control, exclusión o vigilancia de quienes cubren al gobierno.
En un estado con antecedentes de asesinatos, amenazas y estigmatización contra periodistas, cualquier padrón debe manejarse con extremo cuidado. La pregunta no es sólo para qué se recaba información, sino quién la tendrá, cómo se protegerá y si será usada para condicionar acceso a fuentes oficiales.
El riesgo en Veracruz
El asesinato de Roxana Guzmán mostró que la violencia contra la prensa en Veracruz no es un problema histórico superado. La periodista fue secuestrada y asesinada en un caso donde la Fiscalía ha señalado la participación de policías municipales y actores locales.
Por eso, un censo impulsado desde el gobierno genera desconfianza. Para periodistas que trabajan en regiones dominadas por crimen organizado o cacicazgos políticos, quedar registrados en una base oficial puede ser percibido como un riesgo adicional, no como una medida administrativa neutral.
Transparencia pendiente
Si el gobierno de Veracruz insiste en el censo, tendrá que explicar con precisión su finalidad, alcance, datos solicitados, resguardos de privacidad y carácter voluntario u obligatorio. También deberá garantizar que ningún periodista quede excluido de conferencias, entrevistas o información pública por no estar inscrito en un padrón.
Ordenar la relación con medios no puede convertirse en filtrar, vigilar o controlar a la prensa. Menos en Veracruz, donde informar ya implica un riesgo real.
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