Presupuesto al alza
La Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó un anteproyecto de presupuesto para 2027 por 6 mil 104.5 millones de pesos, lo que representa un aumento real de 12.7% frente a los recursos aprobados para 2026, de acuerdo con la propia Corte. La ministra Lenia Batres acusó que el incremento sería de 17.2%, mientras el tribunal sostuvo que el aumento real es menor.
El anteproyecto fue aprobado por el Pleno el 6 de agosto y enviado al Órgano de Administración Judicial como parte del proceso presupuestario. La Corte justificó que ocho de cada diez pesos solicitados se destinarán a sueldos y prestaciones previstas en la ley y en las condiciones generales de trabajo.
Regresa el seguro de gastos médicos
La polémica creció porque el anteproyecto contempla restituir el seguro de gastos médicos mayores para personal de la Corte. De acuerdo con El Financiero, la contratación quedaría sujeta a disponibilidad presupuestal y a la eventual aprobación de la Cámara de Diputados.
Lenia Batres calificó esa prestación como inconstitucional y pidió que los 95 integrantes de su ponencia no reciban el beneficio. La ministra también acusó que el aumento presupuestal va contra las leyes de austeridad, lo que profundizó la división interna entre ministros.
La Corte defiende el gasto
La Suprema Corte sostuvo que las remuneraciones previstas cumplen con los artículos 94 y 127 constitucionales, y que ninguna supera la establecida para la persona titular de la Presidencia de la República. También argumentó que parte de los recursos se usará para innovación institucional, mantenimiento de instalaciones y renovación tecnológica de Plural TV, su canal de televisión.
El problema político es evidente: mientras el Poder Judicial enfrenta presión pública por austeridad, la nueva Corte pide más recursos y abre la puerta a recuperar prestaciones que han sido criticadas como privilegios.
Que batallen los pobres
El anteproyecto todavía debe pasar por el proceso presupuestario y dependerá de la Cámara de Diputados. Pero el mensaje ya generó ruido: en un país donde millones dependen de servicios públicos de salud saturados, la restitución de un seguro privado para funcionarios judiciales resulta difícil de defender políticamente.
La Corte puede argumentar legalidad laboral. Sus críticos responderán con austeridad y desigualdad. El choque apenas comienza.
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