“No, no hay nada”
La fiscal general de la República, Ernestina Godoy, negó que existan órdenes de aprehensión contra Jorge Amílcar Olán o Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”, en medio de los señalamientos relacionados con huachicol fiscal y redes empresariales cercanas al círculo obradorista.
Al ser cuestionada durante los actos por el aniversario de la Independencia, Godoy respondió que no había mandamientos judiciales contra ambos. De acuerdo con El Universal, la fiscal fue directa ante la pregunta sobre Amílcar Olán: “no, no hay nada”.
Señalamientos no equivalen a orden judicial
El deslinde de Godoy no borra los señalamientos periodísticos ni las referencias públicas al entorno de Olán, pero sí marca una diferencia jurídica: una cosa es que un nombre aparezca en reportes, testimonios o investigaciones fiscales, y otra que exista una orden de captura emitida por un juez.
En semanas recientes, Olán ha sido mencionado por su cercanía con Andy López Beltrán y por empresas relacionadas con investigaciones sobre huachicol fiscal. La FGR, sin embargo, no ha informado públicamente una orden de aprehensión contra él ni contra el hijo del expresidente López Obrador.
Nuevo informe por Ayotzinapa
Godoy también informó que la FGR prepara un nuevo informe sobre el caso Ayotzinapa, en conjunto con la Secretaría de Gobernación. Según El Universal, la fiscal señaló que se presentarán nuevas líneas de investigación abiertas, en vísperas de otro aniversario de la desaparición de los 43 normalistas.
El anuncio ocurre mientras la Fiscalía enfrenta presión en dos frentes: por un lado, casos recientes de corrupción, huachicol fiscal y posibles redes políticas; por el otro, investigaciones históricas como Ayotzinapa, donde las familias siguen exigiendo verdad y resultados.
No hay nada que perseguir
Godoy negó órdenes contra Amílcar Olán y Andy López Beltrán, pero eso no cierra el debate público sobre las investigaciones relacionadas con huachicol fiscal. Sólo aclara que, hasta lo dicho por la fiscal, no hay una orden judicial vigente contra ellos.
La prueba para la FGR será explicar con claridad qué sí investiga, qué descartó y por qué. Porque en casos que rozan nombres políticamente sensibles, el silencio siempre deja más preguntas que respuestas.
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