FGR aseguró 59 millones de litros
La presidenta Claudia Sheinbaum pidió a la Fiscalía General de la República explicar qué elementos llevaron al aseguramiento de más de 59 millones de litros de combustible almacenados en un complejo de San José Iturbide, Guanajuato.
El operativo fue presentado inicialmente como uno de los mayores aseguramientos de hidrocarburos realizados en México, pero posteriormente surgieron dudas sobre la situación jurídica del combustible y las operaciones de la empresa relacionada con las instalaciones.
Sheinbaum señaló que corresponde a la FGR aclarar si existía una actividad ilegal y qué indicios justificaron la medida, precisamente porque la Fiscalía es autónoma del Ejecutivo.
Empresa defiende legalidad de sus operaciones
Gas Natural del Noroeste, perteneciente a Grupo SIMSA, sostuvo que la terminal donde se encontraba el combustible opera legalmente y cuenta con permisos para el almacenamiento de hidrocarburos.
La empresa aseguró que sus actividades son reguladas y supervisadas por autoridades federales, estatales y municipales y ha presentado documentación dentro de la investigación para acreditar la legalidad de sus operaciones.
La FGR, por su parte, continúa analizando documentos, entrevistas y registros relacionados con la propiedad, operación, trazabilidad financiera y situación fiscal del hidrocarburo.
Aseguramiento no prueba que todo sea ilegal
Uno de los principales matices del caso es la diferencia entre asegurar combustible mientras se investiga su procedencia y acreditar que esos hidrocarburos son producto de un delito.
El aseguramiento permite a las autoridades mantener bajo control los bienes mientras comprueban su origen y documentación. No equivale por sí mismo a una sentencia ni demuestra automáticamente que los 59 millones de litros sean combustible robado o introducido ilegalmente al país.
La investigación fue transferida a la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada debido a la complejidad del expediente.
Un “decomiso histórico” todavía por explicar
La magnitud del volumen convirtió el operativo rápidamente en un caso de alcance nacional. Sin embargo, la ausencia inicial de una explicación detallada sobre la ilegalidad del combustible abrió preguntas sobre cómo debía describirse el hallazgo.
Hasta que la FGR concluya sus análisis, resulta más preciso hablar de combustible asegurado dentro de una investigación que de un decomiso definitivo de hidrocarburo ilegal.
La propia petición de Sheinbaum refleja esa necesidad: la Fiscalía deberá explicar qué irregularidades encontró, qué documentación falta por comprobar y cuál será la situación jurídica tanto del combustible como de las empresas o personas relacionadas con el complejo.
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