Colectivos acudirán ante la FGR
Padres y madres de niñas y niños con cáncer anunciaron que presentarán este 7 de octubre una denuncia ante la Fiscalía General de la República contra Andrés Manuel “Andy” López Beltrán y el empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio.
La acción será impulsada por el Movimiento Nacional por la Salud Papás de Niños con Cáncer, Fundación Nicoatole A.C. y De Corazón A.C., organizaciones que piden investigar posibles responsabilidades relacionadas con el desabasto de medicamentos oncológicos.
La querella contempla señalamientos por presuntos delitos como genocidio, delincuencia organizada y homicidio culposo, además de los que determine la propia Fiscalía.
Señalan contratos irregulares
Las familias sostienen que durante años existieron esquemas opacos de compra de medicamentos e insumos hospitalarios que contribuyeron a interrupciones en tratamientos para menores con cáncer.
Entre las empresas mencionadas aparece Romedic S.A. de C.V., propiedad de Amílcar Olán, compañía que obtuvo contratos públicos en estados gobernados por Morena para suministrar medicamentos e insumos médicos.
Según investigaciones periodísticas retomadas por los denunciantes, Romedic obtuvo contratos por cientos de millones de pesos y fue señalada en distintos momentos por irregularidades regulatorias.
Andy no aparece como parte de Romedic
Un punto importante es que López Beltrán no aparece formalmente como propietario, funcionario o representante de Romedic ni como firmante de los contratos cuestionados.
Su inclusión en la denuncia parte de su amistad con Amílcar Olán y de investigaciones periodísticas que han documentado la cercanía del empresario con los hijos del expresidente López Obrador.
Será responsabilidad de la FGR determinar si esa relación personal tuvo algún papel en contrataciones públicas o si existen elementos para abrir una investigación penal.
Familias hablan de más de 5 mil muertes
Las organizaciones aseguran que más de 5 mil niñas y niños con cáncer habrían muerto en un contexto de falta o interrupción de medicamentos y sostienen que parte de esos fallecimientos pudo haberse evitado con tratamientos continuos.
Esa cifra y, especialmente, la relación causal entre desabasto y cada fallecimiento corresponden a la acusación de los colectivos y no constituyen una conclusión judicial o médica establecida.
La Fiscalía deberá determinar si los hechos denunciados corresponden a delitos, qué funcionarios o particulares participaron y si puede demostrarse un vínculo causal entre decisiones administrativas, contrataciones y daños concretos a pacientes.
Una denuncia, no una sentencia
La presentación de la querella abre una vía formal para que las acusaciones sean investigadas, pero no implica que Andy López Beltrán o Amílcar Olán sean responsables de los delitos señalados.
La diferencia es especialmente relevante ante figuras como genocidio o homicidio culposo, que requieren acreditar elementos jurídicos específicos y no sólo demostrar que existió desabasto.
El siguiente paso corresponderá a la FGR: recibir la denuncia, valorar sus pruebas y decidir qué líneas de investigación resultan procedentes.
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