Bruselas aceptó un plan correctivo de cinco medidas
La Comisión Europea aceptó este lunes 26 de octubre el plan presentado por Temu para corregir deficiencias en sus mecanismos de evaluación de riesgos relacionados con productos ilegales comercializados mediante la plataforma.
La decisión ocurre después de una multa de 200 millones de euros impuesta en mayo de 2026 por incumplimientos de la Ley de Servicios Digitales.
Aceptar el plan no equivale a certificar que todos los productos comercializados sean seguros ni elimina la sanción previamente impuesta.
Los sistemas de recomendación forman parte de la revisión
Entre las medidas previstas se encuentra analizar cómo los algoritmos de recomendación pueden aumentar la exposición de los consumidores a artículos que no cumplen las normas europeas.
Estos sistemas organizan la información que aparece ante los usuarios utilizando diferentes señales y modelos de clasificación.
Cuando un producto irregular recibe una mayor distribución dentro de la plataforma, el riesgo no depende únicamente de su publicación inicial, sino también de los mecanismos que amplifican su visibilidad.
La plataforma deberá evaluar sus herramientas de moderación
Temu tendrá que revisar las limitaciones de sus procesos automatizados de detección y de sus procedimientos de supervisión manual.
El objetivo es identificar posibles fallas al reconocer anuncios o productos que incumplen la legislación aplicable.
La compañía también deberá analizar si determinados vendedores aprovechan funciones del sistema para distribuir ofertas de artículos ilegales.
Las medidas requieren indicadores que permitan evaluar resultados, en lugar de limitarse a declarar nuevas políticas internas.
El cumplimiento seguirá bajo supervisión europea
Temu dispone de cuatro meses para realizar una evaluación provisional de riesgos que abarque el periodo correspondiente hasta el 30 de noviembre de 2026.
La Comisión Europea mantendrá la supervisión del proceso, mientras continúan otras discusiones relacionadas con las obligaciones de las grandes plataformas digitales.
El caso refleja cómo la regulación europea alcanza no solamente el contenido publicado en un mercado electrónico, sino también los sistemas técnicos que determinan qué productos encuentran los consumidores.
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