Revisión abarcará 25 años de adquisiciones
La Auditoría Superior de la Federación anunció una revisión histórica de las contrataciones realizadas por el Instituto Nacional Electoral, el extinto Instituto Federal Electoral y los Organismos Públicos Locales Electorales entre 2000 y 2025.
El objetivo será identificar patrones de contratación, concentración de proveedores y posibles prácticas irregulares en el ejercicio de recursos públicos.
La investigación amplía considerablemente el periodo originalmente bajo escrutinio tras los señalamientos surgidos durante la administración de Guadalupe Taddei.
ASF habla de irregularidades históricas
El organismo fiscalizador informó que los trabajos preliminares de inteligencia ya permiten advertir lo que calificó como “múltiples irregularidades históricas” en contratos con empresas.
La revisión se desarrolla en tres vertientes: una investigación de oficio sobre contrataciones; un estudio histórico de adquisiciones desde el año 2000; y una auditoría integral del INE y del gasto federalizado utilizado por los organismos electorales estatales.
La expresión utilizada por la ASF describe hallazgos preliminares y líneas de investigación; las responsabilidades concretas todavía deben acreditarse mediante los procedimientos correspondientes.
Dos grupos movieron casi 9 mil millones
Antes de anunciar la revisión histórica, el auditor Aureliano Hernández informó que dos grupos empresariales concentraron operaciones por aproximadamente 8 mil 870 millones de pesos con entidades públicas entre 2014 y 2026.
La ASF detectó empresas con pocos o ningún trabajador pese a facturar cientos de millones de pesos, subcontrataciones entre firmas pertenecientes a los mismos grupos y posibles barreras para limitar la competencia en licitaciones.
Parte de esas operaciones correspondió al INE y otra a organismos electorales locales.
Investigación no se limita a Taddei
La ASF dejó claro que la revisión no abarcará únicamente los años de Guadalupe Taddei al frente del organismo.
Empresas actualmente bajo investigación ya habían recibido contratos mucho antes de su llegada a la presidencia del INE. Registros de transparencia muestran, por ejemplo, al menos 49 contratos por alrededor de mil 450 millones de pesos entre 2018 y 2025 otorgados a firmas relacionadas con José Alfredo Hernández Casillas.
Esto permite separar dos preguntas distintas: si hubo irregularidades durante la gestión de Taddei y si existieron prácticas similares desde administraciones anteriores.
Gobernadores deberán informar sobre OPLE
La Auditoría también solicitó información a los gobiernos estatales sobre el dinero federal transferido a organismos electorales locales.
El propósito es reconstruir cómo se ejercieron esos recursos y comprobar si proveedores, funcionarios o grupos empresariales operaron mediante esquemas similares en distintas entidades.
El resultado final podría derivar en observaciones administrativas, procedimientos de responsabilidad o denuncias penales si la ASF encuentra elementos suficientes.
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