Gobierno presenta red de contratos por 2 mil 740 millones
El Gobierno federal presentó este 5 de noviembre una investigación sobre una presunta red empresarial vinculada con contratos electorales por aproximadamente 2 mil 740.3 millones de pesos entre 2015 y 2025.
La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, señaló a un grupo de empresas relacionadas con los hermanos José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas, proveedores que obtuvieron contratos en distintos organismos electorales estatales durante al menos una década.
La investigación utiliza información pública de la Plataforma Nacional de Transparencia, registros históricos de CompraNet y documentación empresarial.
Contratos se dividen en dos periodos
Entre 2015 y 2023, empresas relacionadas con la red recibieron aproximadamente 2 mil 94 millones de pesos mediante contratos otorgados por 23 de los 32 organismos públicos locales electorales.
Durante 2024 y 2025 se identificaron otros 646.3 millones de pesos en contrataciones con 15 organismos electorales estatales.
En conjunto, los contratos localizados suman alrededor de 2 mil 740.3 millones de pesos. Esa cantidad corresponde al valor de contratos identificados y no significa que todo ese dinero haya sido desviado o robado.
UIF bloquea a 40 objetivos
La Unidad de Inteligencia Financiera informó además que incorporó a su Lista de Personas Bloqueadas a 25 personas físicas y 15 empresas vinculadas con proveedores electorales.
Entre las personas afectadas figuran, según reportes periodísticos, la expresidenta del INE Guadalupe Taddei y José Alfredo Hernández Casillas, además de algunos de sus socios.
La UIF presentó también una denuncia ante la Fiscalía General de la República para que investigue los movimientos financieros y determine si existen responsabilidades penales.
Congelamiento es una medida preventiva
El bloqueo de cuentas no equivale a una sentencia.
La UIF aplica este tipo de medidas cuando identifica operaciones financieras que considera de riesgo o que requieren una investigación adicional. Corresponderá a la FGR y, eventualmente, a los tribunales determinar si existieron delitos.
Lo mismo ocurre con la red de contrataciones presentada por el Gobierno: la concentración de proveedores o el uso de empresas relacionadas puede justificar auditorías, pero las conductas específicas deberán acreditarse mediante expedientes administrativos, fiscales y judiciales.
Investigación alcanza distintas administraciones
La revisión no se limita a los años en que Taddei encabezó el INE.
Los contratos identificados abarcan principalmente organismos electorales estatales y se distribuyen durante diferentes administraciones nacionales y locales.
El objetivo ahora será establecer si las empresas competían realmente entre ellas o si existieron esquemas de simulación, prestanombres, facturación irregular o lavado de dinero, como sostiene la investigación gubernamental.
Siempre hay algo nuevo zumbando en Abejorro Media. Información, análisis, entretenimiento y esas historias que vale la pena conocer tienen un lugar en nuestra programación. Entra aquí para descubrir nuestros contenidos y acompáñanos todos los días.
Y si quieres seguir explorando, visita nuestra página de Abejorro Media y date una vuelta por todo lo que tenemos para ti: Noticias, Humor político, Espectáculos, Deportes, Finanzas y Tecnología. 🐝
