Una Revisión Controvertida
La organización Data Cívica detectó una preocupante discrepancia en el registro de personas desaparecidas en México: 10,953 personas fueron eliminadas de la lista entre la actualización de 2023 y la más reciente presentada. Este hallazgo ha puesto en relieve errores graves en los registros oficiales, generando una ola de críticas hacia la administración actual por la gestión de esta sensible información.
El Impacto de la Depuración
La Secretaría de Gobernación, encabezada por Luisa María Alcalde Luján, defendió las actualizaciones realizadas, argumentando que se han llevado a cabo “búsquedas casa por casa” y cruzado datos con diversas instituciones para actualizar el registro. Según la Secretaría, este proceso ha resultado en la localización de miles de personas y en la identificación de registros duplicados. Sin embargo, este esfuerzo por depurar el padrón ha sido interpretado por activistas y organizaciones de derechos humanos como una “desaparición” de los desaparecidos del registro, minimizando la crisis actual.
Críticas de Organizaciones de Derechos Humanos
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) ha sido particularmente vocal al criticar la actualización, enfatizando que las personas desaparecidas no deben ser meramente vistas como “registros”. La organización destaca la preocupación de que miles de personas, ahora excluidas del registro oficial, dejen de ser consideradas en las acciones de localización por parte del Estado, lo que traslada esta responsabilidad a las familias afectadas. El Centro Prodh también criticó el criterio empleado para considerar probada una desaparición, argumentando que puede estar dejando a un lado la protección necesaria para quienes denuncian y el subregistro existente.
Respuesta del Gobierno Mexicano
Frente a las críticas, el gobierno mexicano ha presentado su posición en foros internacionales, como la ONU, asegurando que no se están eliminando registros de manera arbitraria. La presentación de este nuevo censo busca reflejar un número más exacto de personas desaparecidas, negando acusaciones de manipulación o negligencia en la gestión de esta crisis humanitaria. Sin embargo, esta defensa no ha apaciguado las preocupaciones de las organizaciones de derechos humanos ni de las familias de los desaparecidos, quienes exigen mayor transparencia y eficacia en las búsquedas.
Este caso subraya la complejidad y la sensibilidad alrededor del manejo de datos de personas desaparecidas en México. Mientras el gobierno intenta refinar su enfoque y mejorar la precisión de su registro, las familias y organizaciones defensoras de derechos humanos siguen exigiendo que cada persona desaparecida sea contabilizada y buscada con la seriedad y el respeto que merecen. La transparencia, la colaboración con organismos internacionales y el escuchar a las familias afectadas serán claves para avanzar en la solución de esta profunda crisis.
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