Introducción
El coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López Hernández, enfrenta una fuerte controversia luego de que una investigación periodística revelara supuestas transferencias por 79 millones de pesos durante los años 2023-2024, que no habrían sido debidamente declaradas ante el fisco. Ante estas acusaciones, López Hernández ofreció una conferencia de prensa para rechazar las imputaciones, mostrar sus declaraciones fiscales y afirmar que todos sus ingresos están correctamente reportados.
Este caso suma presión política en un momento crucial, pues llega cuando otros escándalos vinculan figuras cercanas al poder con posibles actos de corrupción o irregularidades fiscales.
Origen de la acusación
La controversia fue detonada por un reportaje que sostuvo que Adán Augusto recibió transferencias millonarias de empresas presuntamente fantasma o vinculadas con personas cercanas a él, sin que estas tuvieran reflejo en sus declaraciones patrimoniales y fiscales.
Entre las empresas mencionadas figuran GH Servicios Empresariales y Operadora Turística Rabatte, esta última vinculada con familiares del senador.
Según la investigación, López declaró ingresos mucho menores a los montos que habría recibido: por ejemplo, en 2023 habría declarado poco más de 22 millones de pesos cuando habría ingresado 58 millones; en 2024, declaró solo 626 mil pesos frente a ingresos cercanos a 24 millones.
Estas discrepancias fueron calificadas por expertos fiscales como alarmantes y generaron demandas de que el SAT abra una investigación formal.
Respuesta y defensa de Adán Augusto
El senador López Hernández admitió haber recibido los 79 millones, pero aseguró que dichos recursos sí fueron declarados al Servicio de Administración Tributaria.
En su conferencia de prensa, mostró sus declaraciones fiscales de 2023 y 2024, detallando que en 2023 reportó ingresos por más de 22 millones de pesos, por los que pagó alrededor de 159 mil pesos de ISR, y en 2024 reportó ingresos por más de 24 millones, con un pago de impuestos cercano a 1.8 millones de pesos.
López Hernández atribuye las acusaciones a una campaña política en su contra y afirmó saber de parte de quién provienen los ataques. También explicó que parte del monto procede de una herencia familiar de su padre —quien había invertido en Estados Unidos— y de actividades profesionales como servicios legales, arrendamientos, venta de ganado e inmuebles.
Sobre la empresa Rabatte, negó conflicto de interés y aseguró que él no otorgó contratos directos a dicha firma. Finalmente, calificó los señalamientos como “mafufadas” y dijo que quienes los promueven buscan debilitar al proyecto de la Cuarta Transformación.
Críticas de expertos y opositores
Tras conocer las cifras declaradas por López, especialistas en derecho fiscal y contabilidad calificaron las diferencias como irreconciliables. Se calculó que, por los 79 millones de pesos, debería haber pagado unos 26 millones de pesos en ISR (a una tasa del 35 %), pero pagó apenas 1.9 millones, lo que representa un 2.4 % efectivo.
Expertos han señalado que no hay forma de justificar esta disparidad si se consideran deducciones normales de una persona física. Legisladores de oposición exigieron que el SAT explique la diferencia y evalúe si se trata de evasión o favoritismo fiscal. Incluso se ha solicitado que se abra una investigación sobre posibles irregularidades fiscales por más de 26 millones de pesos.
Contexto político y riesgo para Morena
Este escándalo ocurre en un momento delicado para Morena, cuando figuras cercanas al gobierno federal ya están bajo escrutinio por casos de corrupción o vínculos con el crimen organizado. La divulgación puede afectar la imagen de transparencia de ese partido y generar presiones internas para acciones disciplinarias o revisiones parlamentarias.
Además, este episodio incide en debates más amplios sobre la recaudación tributaria en México y la desigualdad fiscal. Al centro de la escena se encuentra cómo figuras políticas de alto perfil gestionan sus obligaciones contributivas, y si los mecanismos de control fiscal evitan o sancionan irregularidades.
El caso también refuerza desafíos institucionales: el SAT y el Poder Judicial podrían ser puestos a prueba si se abre una investigación formal y si la autoridad fiscal actúa con legitimidad y sin sesgo político.
Conclusiones
La defensa de Adán Augusto López Hernández frente a estas acusaciones refleja un conflicto que trasciende lo legal y se convierte en un debate político sobre transparencia y justicia fiscal en México. La diferencia entre lo declarado y lo que expertos consideran que debió pagarse mantiene abierta la polémica y coloca tanto al SAT como al Poder Judicial en el centro de la atención pública.
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