Introducción: un caso que vuelve al debate público
El nombre de Alejandra Cuevas regresó al centro de la conversación política tras sus recientes declaraciones contra la presidenta Claudia Sheinbaum. Cuevas, quien pasó 528 días en prisión acusada de un homicidio que la Suprema Corte finalmente determinó inexistente, afirmó que la mandataria mintió sobre su caso y exigió tanto una disculpa pública como la destitución de los funcionarios que —según ella— participaron en la fabricación de delitos para favorecer al entonces fiscal general, Alejandro Gertz Manero.
Sus palabras reactivaron uno de los episodios más polémicos de los últimos años, donde se cuestionó el uso del aparato judicial para fines personales y la intervención directa del fiscal en un proceso penal.
Un caso marcado por inconsistencias y presión política
Cuevas fue encarcelada en octubre de 2021, acusada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México de homicidio por omisión en perjuicio de un familiar de Gertz Manero. Desde el inicio, organizaciones civiles, académicos y defensores de derechos humanos denunciaron irregularidades evidentes:
- ausencia de pruebas directas,
- contradicciones entre peritajes,
- carpetas armadas con criterios atípicos,
- y un evidente conflicto de interés del fiscal, quien públicamente admitió su implicación emocional en el caso.
Cuando la Suprema Corte atrajo el expediente, los ministros coincidieron en que las acusaciones carecían de sustento jurídico, ordenando la liberación inmediata de Cuevas en marzo de 2023.
El fallo fue un golpe significativo a la credibilidad de la Fiscalía de Gertz, y desde entonces el caso se convirtió en símbolo de cómo el poder puede influir indebidamente en procesos judiciales.
Las nuevas declaraciones de Cuevas: exigencias directas
En días recientes, Cuevas acusó a Claudia Sheinbaum de haber ocultado información, minimizado las irregularidades y defendido la actuación de las autoridades cuando ella era jefa de Gobierno de la Ciudad de México.
Entre sus demandas destacan:
- Una disculpa pública, por considerar que se le revictimizó desde el discurso oficial.
- La destitución y sanción de los funcionarios que integraron y validaron las acusaciones en su contra, incluyendo personal cercano al antiguo fiscal.
- Una reparación integral, que no solo contemple el reconocimiento del daño, sino también garantías de no repetición.
Cuevas afirmó que seguirá denunciando hasta que el caso se resuelva en todos sus niveles institucionales y no solo se “pase página” con su liberación.
El papel de Sheinbaum en la controversia
Durante su gestión como jefa de Gobierno, Sheinbaum defendió reiteradamente el trabajo de la Fiscalía capitalina, argumentando que el caso de Cuevas debía resolverse en tribunales y evitando hacer juicios públicos sobre la actuación del fiscal Gertz.
Sus detractores consideran que esta postura fue una forma de respaldar políticamente a Gertz Manero.
Sus aliados, por el contrario, aseguran que Sheinbaum se limitó a mantener una separación institucional entre poderes y que no existen pruebas de intervención directa en el proceso contra Cuevas.
Ahora, como presidenta, sus declaraciones cobran un peso adicional y se evalúan en otro contexto: el de la transición en la FGR, la salida de Gertz y la expectativa de que el país mejore sus estándares de justicia.
Implicaciones políticas y sociales
La reactivación del caso Cuevas ocurre en un momento en el que la confianza en el sistema de procuración de justicia se encuentra debilitada.
El conflicto tiene repercusiones en varios niveles:
1. Credibilidad institucional
La FGR enfrenta críticas por su autonomía y por la influencia indebida de figuras de alto nivel.
Cada detalle del caso Cuevas se utiliza como ejemplo de fallas estructurales que requieren corrección urgente.
2. Debate sobre abuso de poder
La posibilidad de que un fiscal general utilizara su cargo para perseguir a particulares alimenta el temor de que la justicia pueda instrumentalizarse según intereses personales.
3. Nuevo contexto político
La presidenta enfrenta el reto de distanciar su administración de los episodios más cuestionados del sexenio anterior, al mismo tiempo que impulsa la designación de una nueva persona titular de la FGR.
Las denuncias de Cuevas agregan presión al proceso.
4. Impacto en víctimas y organizaciones
Colectivos de derechos humanos ven en el caso un precedente necesario para impulsar reformas que impidan detenciones arbitrarias, carpetas fabricadas y persecuciones fuera de la ley.
¿Habrá consecuencias?
Hasta el momento, no existe un anuncio oficial sobre investigaciones internas, sanciones o medidas de reparación.
Pero la insistencia de Cuevas mantiene vivo el tema en medios, redes y debates legislativos.
De avanzar, este caso podría sentar un precedente significativo sobre responsabilidad política en casos donde el Estado viola derechos fundamentales.
Conclusión
Las nuevas acusaciones de Alejandra Cuevas reavivan un caso emblemático que ha puesto bajo la lupa el poder de la Fiscalía, la debilidad del sistema de justicia y los límites éticos del ejercicio público.
Su exigencia de disculpas y sanciones no solo es un reclamo personal, sino un recordatorio de lo que ocurre cuando la justicia se usa para fines ajenos a la ley.
La pregunta ahora es si el gobierno y las instituciones responderán con acciones concretas o si el caso volverá a quedar en la memoria pública sin consecuencias.
Referencias
- Comunicados y declaraciones públicas de Alejandra Cuevas
- Notas sobre el caso Cuevas y la intervención de la Suprema Corte
- Reportes periodísticos sobre la relación entre Gertz Manero y la investigación
- Declaraciones previas de Claudia Sheinbaum ante medios nacionales
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