Proyecto propio y para su madre

Durante su gestión al frente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), y posteriormente del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías (Conahcyt), María Elena Álvarez-Buylla aprobó financiamiento para dos proyectos de investigación que la involucran directamente a ella y a su madre, la científica Elena Roces. El primero correspondió a un estudio propio titulado “Patrones genéricos y sistémicos de la diferenciación y la proliferación en los nichos de células troncales: raíz de Arabidopsis thaliana como sistema de estudio teórico-experimental”, con un monto cercano a 751 mil pesos. El segundo, vinculado a su madre, se centró en la investigación sobre inflamación sistémica y plasticidad celular en modelos animales, por un total de 2 millones 733 mil 518 pesos.

Ambos proyectos fueron aprobados mientras Álvarez-Buylla era la máxima autoridad del organismo científico, lo que ha generado una ola de críticas por el evidente conflicto de interés. Para especialistas en políticas públicas, este tipo de decisiones vulneran los principios de imparcialidad y transparencia que deben regir la asignación de fondos públicos, especialmente en un sector tan sensible como el de la investigación científica.

Antecedentes y denuncias

La polémica no es nueva. En 2021, la Auditoría Superior de la Federación presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por presuntos malos manejos financieros durante su administración, con un posible daño al erario estimado en más de 57 millones de pesos. Además, se han documentado casos de contratos directos a empresas con vínculos personales o familiares, incluido un despacho de arquitectura que habría trabajado en el diseño de una vivienda relacionada con su familia.

La exfuncionaria ha respondido que todas las observaciones de la Auditoría ya fueron “atendidas y aclaradas”, aunque hasta ahora no existe un pronunciamiento definitivo que confirme la resolución de estos señalamientos. No obstante, el tema ha reavivado el debate sobre la transparencia en el uso de los recursos públicos destinados a ciencia y tecnología en México.

Impacto en la comunidad científica

Mientras se financiaban los proyectos vinculados a la titular, miles de estudiantes y becarios se quedaron sin apoyo económico. La crisis de becas de posgrado ha sido una constante en los últimos años, con denuncias de retrasos en los pagos, recortes presupuestales y limitación en la asignación de nuevos apoyos. La incongruencia entre los recortes generalizados y el financiamiento a proyectos familiares ha generado indignación en la comunidad académica, que exige reglas claras, revisiones independientes y rendición de cuentas.

La gestión de Álvarez-Buylla se ha caracterizado por su defensa del modelo de “ciencia nacional”, enfocado en temas de interés social y menos dependiente de corporaciones privadas. Sin embargo, críticos apuntan que, bajo esa retórica, se ha reducido la autonomía de los centros de investigación, se han debilitado los fideicomisos y se ha concentrado la toma de decisiones en un aparato burocrático con escasos contrapesos.

El dilema ético y político

Más allá de los montos o los proyectos, el caso plantea un dilema de fondo: ¿cómo debe garantizarse la ética pública en la gestión del conocimiento? En países donde la ciencia se financia principalmente con dinero del Estado, los estándares de imparcialidad deben ser más altos, pues cualquier conflicto de interés compromete no solo la credibilidad de la institución, sino también la legitimidad de los resultados científicos.

El caso Álvarez-Buylla se convierte, así, en un espejo del propio sistema científico mexicano: un espacio donde la excelencia convive con la opacidad, y donde la austeridad proclamada por el gobierno contrasta con la flexibilidad con que algunos funcionarios aplican las reglas cuando los beneficiarios pertenecen a su entorno.

Conclusión

El episodio marca un nuevo punto de inflexión en la relación entre la política y la ciencia en México. En un contexto donde los recursos públicos son limitados y la exigencia de transparencia es mayor que nunca, el caso de Álvarez-Buylla revela que la rendición de cuentas no puede ser selectiva. La credibilidad del sistema depende de la coherencia entre el discurso y las acciones. Si la austeridad es el principio rector del Estado, debería comenzar por la ética de sus funcionarios.

Cola: “En el país de la austeridad, la ciencia familiar nunca se queda sin financiamiento.”

Referencias

• El País: “La Auditoría denuncia malos manejos en la gestión de Álvarez-Buylla en el Conacyt.”
• Emeequis: “Álvarez-Buylla pagó proyectos a ella misma y su madre cuando dirigía Conahcyt.”
• Político MX: “Revelan que la extitular del Conahcyt dio recursos a proyectos de investigación para ella y su madre.”
• La Crónica de Hoy: “Desvío de fondos en Conahcyt: contrato millonario al estudio que diseñó la casa de su hija.”

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