El gobierno federal informó este lunes del mayor decomiso de combustible robado en lo que va del sexenio: un total de 129 carrotanques con más de 15 millones de litros de hidrocarburo fueron asegurados en el estado de Coahuila, en lo que se ha calificado como un golpe sin precedentes contra el robo de combustibles, mejor conocido como huachicol.

El operativo, coordinado por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a través de su titular Omar García Harfuch, se realizó en diversos puntos de los municipios de Ramos Arizpe y Saltillo. En la acción participaron la Guardia Nacional, elementos del Ejército, la Marina, la Fiscalía General de la República (FGR), personal de Seguridad Física de Pemex y autoridades estatales.

Según explicó García Harfuch en conferencia de prensa, el combustible se encontraba almacenado en condiciones irregulares y sin documentación legal que acreditara su origen o destino. Se trata de gasolina, diésel y destilados que se presume fueron sustraídos de ductos de Pemex o adquiridos mediante redes ilegales de distribución. Aunque no se informó sobre detenciones, sí se confirmó que se abrió una carpeta de investigación por delitos federales relacionados con el robo y la comercialización ilícita de hidrocarburos.

El funcionario también destacó que este aseguramiento forma parte de una estrategia nacional contra el crimen organizado económico, que no solo se enfoca en el narcotráfico, sino también en actividades como el contrabando de combustible, el tráfico de mercancía y la defraudación fiscal. En este sentido, subrayó que el gobierno de Claudia Sheinbaum ha dado instrucciones precisas para desmantelar estructuras financieras ilegales que alimentan la violencia en regiones clave del país.

El huachicol, aunque disminuido en comparación con años anteriores, sigue representando un desafío importante para el Estado. Datos de Pemex indican que, pese a los esfuerzos de vigilancia y cierre de válvulas clandestinas, el mercado negro de combustibles continúa operando con redes de distribución bien organizadas que llegan hasta estaciones de servicio en varios estados.

Además del impacto económico para la petrolera estatal, se estima que este tipo de actividades ilícitas financian a grupos criminales que operan en el norte y centro del país. El caso de Coahuila es particularmente relevante porque demuestra que el fenómeno no se ha erradicado, sino que se ha reconfigurado hacia formas más sofisticadas de logística y almacenamiento.

La magnitud del decomiso y la coordinación entre dependencias ha sido destacada por el gobierno federal como ejemplo del nuevo enfoque en materia de seguridad energética. De acuerdo con García Harfuch, se seguirá reforzando la vigilancia en los puntos estratégicos del sistema de distribución de Pemex, y se implementarán auditorías en las empresas de transporte vinculadas al traslado de hidrocarburos.

Expertos en temas de seguridad han señalado que para evitar que el fenómeno resurja con mayor fuerza, será necesario mantener una política de tolerancia cero, mejorar la trazabilidad de los combustibles y sancionar con mayor firmeza a los compradores finales del producto robado. También han advertido que si no se investiga la posible participación de funcionarios o empleados públicos en estas redes, el problema podría perpetuarse.

Mientras tanto, la SSPC confirmó que la investigación en curso permitirá identificar a los responsables y, en su caso, solicitar órdenes de aprehensión. La FGR será la encargada de judicializar el caso.

Con este operativo, el gobierno de Claudia Sheinbaum busca enviar una señal clara de continuidad en la política de combate al robo de combustibles, reforzando su postura de que el crimen organizado no será tolerado en ninguna de sus manifestaciones, y que el combate a la corrupción estructural sigue siendo una prioridad nacional.

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