Contexto del ataque

El martes 17 de junio de 2025, en Tepalcatepec, Michoacán (región Tierra Caliente), la alcaldesa Martha Laura Mendoza Mendoza (Morena‑PT) fue asesinada a balazos junto a su esposo, Ulises Sánchez Ochoa, mientras salían de su casa. Su hijo de 17 años resultó gravemente herido en el ataque perpetrado alrededor de las 11:00 h.

Este hecho se inscribe en un preocupante patrón de violencia política en Michoacán: en lo que va de la administración, ya son seis los alcaldes asesinados, incluidos Salvador Bastida García (Tacámbaro) y Lilia Gema García Soto (San Mateo Piñas).

Investigación y presuntos vínculos con el narcotráfico

La Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía General de la República (FGR) investigan el crimen, considerando posible feminicidio y un ataque directamente vinculado al narcotráfico. Las autoridades han subrayado que Mendoza Mendoza era cuñada de Blanca Yesenia Mendoza, esposa de Juan José Farías Álvarez, alias “El Abuelo Farías”, líder del cártel de Tepalcatepec y ex socio de “El Mencho” —cabeza del CJNG—.

Se presume que las disputas territoriales entre Carteles Unidos (liderado por “El Abuelo”) y el CJNG motivaron el ataque. Tepalcatepec se encuentra en un punto clave de rutas de cocaína, exportación de aguacate y limón, que son lucrativas para ambos grupos criminales.

Impactos y reacciones políticas

La oleada de violencia ha generado intensos reproches desde la dirigencia del PRI en Michoacán. Guillermo Valencia condenó el asesinato de Mendoza Mendoza y cuestionó la incapacidad del gobernador Alfredo Ramírez Bedolla (Morena) para garantizar la protección de funcionarios públicos locales.

El incidente acrecienta la percepción de “tierra de nadie” en regiones dominadas por cárteles y resalta la urgencia de implementar medidas urgentes de seguridad y protección a autoridades municipales.

Alcance nacional y consecuencias para la gobernabilidad

El homicidio de Mendoza Mendoza forma parte de una larga lista de ataques contra políticos: entre enero y junio de 2025 al menos 136 servidores públicos han sido agredidos, según Data Cívica. Este escenario amenaza con desestabilizar la gobernabilidad en zonas donde los cárteles buscan controlar estructuras de poder.

Además, refuerza la tesis investigativa sobre el uso creciente de la violencia para manipular gobiernos locales, lo que representa un serio desafío para la democracia en México.

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