Antecedentes

El estado de Oaxaca volvió a ser escenario de violencia política con el asesinato de Guadalupe Urbán Ceballos, regidora del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el municipio de San Antonio Ocotlán, en la región de la Costa. La funcionaria fue atacada a balazos la mañana del 6 de noviembre de 2025 cuando salía de su domicilio rumbo al ayuntamiento. Su muerte ha provocado una ola de indignación entre organizaciones civiles y políticos locales, quienes exigen justicia y protección para las mujeres que ejercen cargos públicos.

El ataque

De acuerdo con los primeros reportes policiales, Urbán Ceballos fue interceptada por sujetos armados que se desplazaban en una motocicleta. Los agresores abrieron fuego contra ella y posteriormente huyeron del lugar. Vecinos alertaron a las autoridades, pero la regidora ya no presentaba signos vitales al momento de la llegada de los servicios de emergencia. La zona fue acordonada mientras peritos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) realizaban las diligencias correspondientes.

Investigación y primeras líneas

La Fiscalía estatal informó que se abrió una carpeta de investigación por el delito de homicidio calificado y que se activó un protocolo de investigación con perspectiva de género, dado que la víctima era una servidora pública. El fiscal general, Bernardo Rodríguez Alamilla, señaló que se están revisando diversas líneas de investigación, entre ellas la posible relación del crimen con su labor política, conflictos comunitarios o temas de seguridad local.
La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del estado reforzó la vigilancia en el municipio y pidió la colaboración de la ciudadanía para aportar información que permita ubicar a los responsables.

Reacciones políticas y sociales

El asesinato de Guadalupe Urbán generó reacciones inmediatas. La dirigencia nacional del PVEM condenó los hechos y exigió al gobierno de Oaxaca una investigación “profunda, imparcial y con perspectiva de género”. Diversos funcionarios y legisladores expresaron su repudio al crimen, recordando que la violencia política contra las mujeres continúa siendo una de las principales amenazas para la democracia local.
El Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca (IEEPCO) también manifestó su preocupación, subrayando que las agresiones contra mujeres que ocupan cargos públicos se han incrementado en los últimos años, pese a la existencia de leyes específicas para prevenirlas.

Contexto de violencia política en Oaxaca

Oaxaca es uno de los estados con mayor incidencia de violencia política en México. Organizaciones como Etellekt Consultores han documentado que entre 2023 y 2025 se registraron más de 50 agresiones contra actores políticos, de las cuales una quinta parte tuvieron como víctimas a mujeres. Muchas de ellas ejercían cargos municipales o aspiraban a puestos de elección popular.
Los municipios rurales, en especial aquellos con estructuras comunitarias tradicionales o conflictos agrarios, han sido escenarios frecuentes de este tipo de hechos. Expertos apuntan a que la falta de protección institucional, la impunidad y la debilidad de los mecanismos locales de seguridad son factores que agravan el riesgo para las autoridades municipales.

Perspectiva de género y exigencias de justicia

El caso de Guadalupe Urbán pone nuevamente sobre la mesa la urgencia de garantizar la seguridad de las mujeres que participan en la vida pública. Diversos colectivos feministas y redes de mujeres políticas han exigido que la investigación incorpore la perspectiva de género, no solo para determinar si el crimen se relaciona con su trabajo, sino también para evidenciar los patrones de violencia estructural que enfrentan las funcionarias.
La organización Mujeres en Plural recordó que la ley mexicana obliga a las fiscalías a considerar la violencia política por razones de género en sus investigaciones y a emitir medidas de protección para las posibles víctimas o testigos relacionados. Sin embargo, en muchos casos, estas medidas llegan tarde o se aplican de manera insuficiente.

Implicaciones institucionales

El asesinato de Urbán Ceballos podría tener repercusiones dentro del propio Partido Verde y en la política local de Oaxaca. La dirigencia estatal ha pedido al Congreso revisar los protocolos de seguridad para regidores y presidentes municipales, especialmente en zonas de alto riesgo.
A nivel federal, el gobierno ha reiterado su compromiso de combatir la impunidad, pero los datos muestran que menos del 10 % de los crímenes de carácter político llegan a una sentencia condenatoria. Este rezago judicial genera desconfianza entre las autoridades locales y desalienta la participación de mujeres en la política comunitaria.

Conclusiones

El asesinato de Guadalupe Urbán Ceballos representa un nuevo golpe para la lucha contra la violencia política en México. Su muerte no solo pone en evidencia las condiciones de vulnerabilidad que enfrentan las mujeres en el ámbito público, sino también la persistencia de redes de poder e impunidad que obstaculizan el ejercicio de la democracia.
Mientras las autoridades prometen resultados, la sociedad civil exige que este caso no quede impune y que se refuercen las políticas de prevención y protección. La historia de Urbán Ceballos se suma a una dolorosa lista de mujeres que, desde el servicio público, han sido víctimas de la violencia que juraron combatir.

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Referencias

• El País. “Asesinada en la costa de Oaxaca la regidora Guadalupe Urbán Ceballos”. 6 noviembre 2025.
• Proceso. “Fiscalía de Oaxaca investiga asesinato de regidora del PVEM; aplican protocolo de feminicidio”. 6 noviembre 2025.
• La Jornada. “Condenan asesinato de regidora en Oaxaca; exigen investigación con perspectiva de género”. 6 noviembre 2025.
• Aristegui Noticias. “Violencia política en Oaxaca: asesinan a funcionaria municipal del PVEM”. 6 noviembre 2025.
• Etellekt Consultores. “Informe de violencia política en México 2023-2025”.

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