Estrategias Implementadas
Desde marzo de 2022, El Salvador ha adoptado un régimen de excepción y varias reformas penales como parte de su estrategia para combatir la violencia de las pandillas. Estas medidas han sido diseñadas para desarticular a los grupos delictivos que históricamente han azotado al país, especialmente la Mara Salvatrucha y el Barrio 18. El Plan Control Territorial, lanzado poco después de la asunción de Nayib Bukele a la presidencia, ha sido un componente crucial de esta estrategia, valorado en 575 millones de dólares.
Resultados Alcanzados
El “modelo Bukele” ha mostrado una reducción notable en la tasa de homicidios, pasando de 38 por cada 100.000 habitantes en 2019 a 7,8 en 2022, y aproximadamente a 2,2 homicidios en 2023. Estas cifras posicionan a El Salvador como uno de los países más seguros de América Latina en términos de tasa de homicidios.
Desafíos y Críticas
Sin embargo, estas medidas han generado preocupaciones significativas en términos de derechos humanos y democracia. La suspensión del debido proceso y las detenciones arbitrarias bajo el régimen de excepción han sido criticadas por organizaciones como la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA) y Cristosal. Se reporta que, bajo este régimen, se ha detenido a más de 64.000 personas, incluyendo menores, sin una verificación clara de su afiliación a pandillas. Esta situación ha llevado a El Salvador a alcanzar la población penal per cápita más alta del mundo, exacerbando el problema del hacinamiento en las cárceles.
El uso de estas políticas también ha sido vinculado a una caída en la calidad democrática del país, según el Índice de Democracia de The Economist, que señala a El Salvador con la segunda mayor caída en la región después de Haití. Además, se han documentado violaciones generalizadas de derechos humanos, incluyendo desapariciones forzadas, torturas, y malos tratos en prisión.
Perspectivas y Opinión Pública
A pesar de las críticas y preocupaciones internacionales, Nayib Bukele goza de una alta aprobación entre los salvadoreños, con el 92% de aprobación según la última encuesta de opinión pública de CID Gallup. Esta popularidad ha sustentado su posible reelección, a pesar de las prohibiciones constitucionales sobre la reelección, que han sido promovidas por la Sala de lo Constitucional de la Corte, aliada al oficialismo.
La estrategia de seguridad de Bukele, aunque controversial, ha logrado resultados notables en la reducción de la violencia en El Salvador. Sin embargo, el costo en términos de derechos humanos y erosión de la calidad democrática plantea interrogantes serios sobre la sostenibilidad y ética de estas medidas.
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