Las redadas migratorias y el nuevo impuesto a las remesas golpean el ingreso de millones de familias mexicanas

El gobierno federal ha encendido las alarmas tras confirmarse una caída significativa en el flujo de remesas hacia México durante mayo de 2025. El descenso interanual fue de 4.6 %, marcando la baja más pronunciada en más de una década para ese mes. Aunque los envíos totales rondaron los 5,360 millones de dólares, la cifra fue menor a la esperada, lo que generó preocupación tanto en Palacio Nacional como entre economistas y familias que dependen directamente de estos recursos.

La presidenta Claudia Sheinbaum atribuyó esta baja al endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos. Según explicó en su conferencia matutina, las redadas masivas contra trabajadores indocumentados en sectores como la agricultura, la construcción y los servicios provocaron que muchos migrantes dejaran de laborar durante varias semanas, lo que inevitablemente impactó sus ingresos y la posibilidad de enviar dinero a sus familias en México. Para Sheinbaum, este fenómeno no es casual, sino una consecuencia directa de una política antimigrante que, además de ser inhumana, tiene efectos colaterales sobre la economía mexicana.

La situación se complica aún más con la entrada en vigor del nuevo impuesto del 1 % a las remesas en efectivo aprobado por el Senado estadounidense. Aunque el gravamen no aplica a transferencias electrónicas —que representan más del 90 % del total— sí afecta a una parte considerable de los migrantes, sobre todo a quienes viven en condiciones precarias, sin acceso a servicios bancarios, o con desconfianza hacia los mecanismos digitales.

Ante este panorama, el gobierno mexicano ha optado por impulsar una solución práctica: la masificación del uso de la tarjeta Finabien. Este instrumento, operado por la Financiera del Bienestar, permite a los migrantes enviar dinero desde Estados Unidos sin pagar el impuesto del 1 % y con comisiones significativamente más bajas que las ofrecidas por empresas privadas. La presidenta anunció que se distribuirán miles de estas tarjetas en consulados mexicanos, y se pondrán en marcha campañas de orientación para facilitar su uso entre los connacionales en el exterior.

La propuesta de reembolsar directamente el impuesto a quienes hayan enviado efectivo fue descartada por ser demasiado complicada, según explicó la propia Sheinbaum. En su lugar, el gobierno apuesta a que la transición hacia Finabien y otras plataformas digitales permitirá esquivar el cobro y, al mismo tiempo, fomentar la inclusión financiera de los migrantes.

Más allá del mecanismo, lo cierto es que las remesas siguen siendo una fuente vital de ingreso para millones de familias mexicanas. Representan aproximadamente el 3 % del Producto Interno Bruto del país, y han sido particularmente relevantes en estados como Michoacán, Guanajuato, Jalisco y Puebla. Una caída prolongada podría desestabilizar economías locales enteras, sobre todo en comunidades rurales donde la inversión pública es escasa y las oportunidades laborales son limitadas.

El anuncio del impuesto en Estados Unidos ya había encendido las alertas desde abril, cuando se reportó una caída aún mayor. El gobierno mexicano reaccionó mediante protestas diplomáticas, cabildeos en el Congreso estadounidense y el respaldo a una campaña de cartas organizada por comunidades migrantes. Esa presión ayudó a reducir el impuesto propuesto originalmente —que era del 5 %— a un 1 %. Sin embargo, el golpe económico ya está en curso y la urgencia de respuesta no ha disminuido.

La estrategia de digitalización con Finabien enfrenta varios retos: desde la cobertura limitada en ciertas regiones, hasta la necesidad de generar confianza entre una población que muchas veces ha sido víctima de fraudes, trámites complejos o desinformación. Aun así, el gobierno insiste en que esta vía es más eficaz que cualquier tipo de reembolso retroactivo y que permitirá blindar los envíos ante nuevas iniciativas hostiles desde el país vecino.

Para millones de migrantes, la decisión no es solo financiera, sino profundamente emocional: enviar dinero a casa es más que una transferencia, es un acto de amor, compromiso y responsabilidad familiar. El Estado mexicano tiene el deber de proteger ese vínculo, no solo por razones económicas, sino por dignidad nacional.

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