Rafael Caro Quintero, conocido como el “Narco de Narcos” y fundador del extinto Cártel de Guadalajara, compareció recientemente ante una corte federal en Brooklyn, Nueva York. Enfrenta cargos relacionados con narcotráfico, crimen organizado y, particularmente, el asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena, ocurrido en 1985. Durante la audiencia, el juez Frederic Block otorgó a la fiscalía un plazo de 90 días para decidir si buscará la pena de muerte en su contra, un giro crucial en un caso que ha acaparado la atención internacional por décadas.
El proceso judicial en Nueva York
La comparecencia de Caro Quintero fue breve pero significativa. Después de ser extraditado desde México en febrero de 2024, su caso fue asignado a la corte del Distrito Este de Nueva York. Desde entonces, permanece bajo régimen de aislamiento extremo en una prisión de alta seguridad, sin contacto con el exterior, y con medidas que reflejan la gravedad de los cargos que enfrenta.
El juez estableció que el Departamento de Justicia debe definir antes del 25 de junio de 2025 si buscará la pena capital. Esta decisión se tomará en coordinación con instancias superiores dentro del gobierno estadounidense, incluida la Oficina del Fiscal General. Mientras tanto, la defensa de Caro Quintero, liderada por una abogada de oficio, ha solicitado tiempo adicional para revisar la evidencia en su contra y para negociar un posible acuerdo con la fiscalía.
Implicaciones políticas y diplomáticas
El caso tiene profundas implicaciones políticas y diplomáticas entre México y Estados Unidos. Caro Quintero fue liberado en 2013 por una decisión judicial mexicana que fue ampliamente criticada tanto a nivel nacional como internacional. Posteriormente, se emitió una nueva orden de captura en su contra, y fue recapturado en julio de 2022 por la Marina mexicana en Sinaloa, en una operación que no fue notificada previamente al gobierno de Estados Unidos, lo cual generó tensiones.
Su extradición, que tardó más de un año en concretarse, también fue motivo de debate jurídico. Caro Quintero argumentó que su entrega a EE.UU. violó sus derechos constitucionales, aunque la Suprema Corte de Justicia de México desestimó los amparos presentados por su defensa.
¿Pena de muerte o cadena perpetua?
La posibilidad de que el gobierno estadounidense solicite la pena de muerte ha reavivado el debate sobre su aplicación en casos de crimen organizado. En particular, el asesinato de Kiki Camarena, quien fue secuestrado, torturado y asesinado presuntamente por orden de Caro Quintero, es considerado un crimen emblemático que marcó un antes y un después en la cooperación antinarcóticos entre ambos países.
La defensa del narcotraficante ha dejado entrever que podría haber interés en negociar un acuerdo para evitar la pena de muerte, posiblemente aceptando cargos que impliquen cadena perpetua a cambio de colaboración o para evitar un juicio largo y mediático. Sin embargo, dado el historial delictivo del acusado, el gobierno de EE.UU. podría optar por buscar la pena máxima.
El cierre de un ciclo histórico
La figura de Rafael Caro Quintero representa un capítulo oscuro en la historia del narcotráfico en México. Fundador del Cártel de Guadalajara junto con Miguel Ángel Félix Gallardo y Ernesto Fonseca Carrillo, fue uno de los principales responsables de sentar las bases del narco moderno en el país. Su caída, recaptura y ahora su posible condena definitiva en Estados Unidos, marcan el cierre de un ciclo que comenzó hace más de cuatro décadas.
La decisión final de la fiscalía podría sentar un precedente sobre cómo se procesan los casos de narcotraficantes de alto perfil. Sea cual sea el desenlace, el juicio de Caro Quintero será observado de cerca tanto por las autoridades como por la opinión pública en ambos países.
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