Un Avance Significativo en los Derechos Reproductivos
El Congreso de la Ciudad de México ha dado un paso importante hacia la protección de los derechos reproductivos al presentar una iniciativa que busca eliminar el aborto como delito en el Código Penal del Distrito Federal. Esta propuesta refleja los avances recientes en México, especialmente después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinara en 2023 que la criminalización del aborto es inconstitucional. La Corte argumentó que penalizar a las mujeres y personas gestantes que optan por el aborto constituye un acto de violencia y discriminación basado en género, lo que perpetúa estereotipos sobre la maternidad como un destino obligatorio.
La propuesta también asegura que los proveedores de salud en instituciones federales, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), no enfrenten cargos por brindar estos servicios. Este movimiento es parte de una ola más amplia en América Latina, conocida como la “marea verde”, que busca garantizar que los derechos reproductivos sean accesibles para todas las personas.
Divisiones en el Congreso
La presentación de la iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México estuvo marcada por un fuerte contraste entre las legisladoras a favor y las diputadas panistas, quienes abandonaron la sesión en protesta. Mientras que varias legisladoras mostraron consignas en apoyo al derecho a decidir, las diputadas del Partido Acción Nacional (PAN) manifestaron su desacuerdo, argumentando que esta medida va en contra de sus principios conservadores.
Este tipo de reacciones muestra la polarización en torno al tema del aborto en México, donde sectores progresistas abogan por el derecho a la salud reproductiva, mientras que los grupos conservadores se oponen firmemente.
Impacto y Expectativas Futuras
De aprobarse la iniciativa, la Ciudad de México seguiría consolidándose como una de las entidades pioneras en derechos reproductivos en América Latina, acompañando a otros países como Argentina y Colombia que también han despenalizado el aborto en años recientes. Sin embargo, el proceso legislativo aún enfrenta obstáculos, no solo por la resistencia de ciertos sectores políticos, sino también por la necesidad de implementar esta legislación de manera efectiva y asegurar que los servicios de aborto estén disponibles para todas las personas que los necesiten.
Esta reforma, de aprobarse, no solo garantizará que las mujeres no enfrenten cargos penales por abortar, sino que también establecerá un marco legal que proteja a los médicos y otros profesionales de la salud al brindar estos servicios.
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