El proyecto de ley del gobierno de Boric

El 28 de mayo de 2025, el gobierno del presidente Gabriel Boric presentó ante el Congreso Nacional un proyecto de ley para despenalizar y legalizar la interrupción voluntaria del embarazo hasta las 14 semanas de gestación, sin necesidad de que medie causal alguna. La iniciativa representa un paso decisivo en la agenda de derechos sexuales y reproductivos del gobierno, y pretende ampliar el acceso legal y seguro al aborto en el país.

Actualmente, Chile permite el aborto solo en tres causales: riesgo para la vida de la madre, inviabilidad fetal y embarazo producto de violación. La propuesta del Ejecutivo permitiría a las mujeres decidir libremente durante las primeras 14 semanas, sin tener que justificar su decisión ante ninguna autoridad médica o judicial.

La ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, defendió la iniciativa señalando que “los motivos para interrumpir un embarazo son muchos y no todos caben en las tres causales”. Además, el proyecto contempla que el procedimiento pueda realizarse dentro del sistema público de salud con cobertura estatal, y respeta el marco de objeción de conciencia individual ya establecido en la legislación actual.

Contexto social y sanitario

Diversos estudios estiman que, pese a la restricción legal, en Chile se practican entre 40,000 y 170,000 abortos clandestinos al año. Esta cifra pone de manifiesto una amplia brecha entre la ley y la práctica cotidiana. La ministra de Salud, Ximena Aguilera, alertó que muchas mujeres recurren al uso no regulado de medicamentos como el misoprostol, exponiéndose a riesgos innecesarios debido a la falta de acompañamiento médico adecuado.

La realidad muestra que el aborto ocurre, con o sin marco legal. El cambio propuesto por el gobierno busca garantizar que esa decisión pueda tomarse en condiciones seguras, sin criminalización ni peligro para la vida o la salud de quienes deciden interrumpir su embarazo.

Obstáculos legislativos y debate político

A pesar de la contundencia del argumento sanitario y de derechos humanos, el proyecto enfrenta un panorama legislativo complicado. La coalición de gobierno no tiene mayoría en ninguna de las dos cámaras, lo que obliga a negociar con sectores más conservadores del Congreso. Algunos líderes opositores ya han declarado que no permitirán que la iniciativa avance si no se le otorga carácter de urgencia.

La propia ministra Orellana reconoció que es improbable que el proyecto sea aprobado antes del fin del mandato de Boric, en marzo de 2026, pero sostuvo que “es momento de abrir el debate de frente, sin hipocresía”. Organizaciones feministas, agrupaciones médicas y defensoras de derechos humanos han respaldado la iniciativa, mientras que sectores religiosos y partidos de derecha han convocado a protestas en su contra.

Las encuestas reflejan un país dividido. Según datos de CADEM, un 53% de la ciudadanía apoya el aborto en las tres causales, un 22% respalda el aborto libre hasta las 14 semanas, un 10% está a favor sin restricciones y un 15% considera que debería estar completamente prohibido.

Conclusión

La propuesta del gobierno de Boric para despenalizar el aborto hasta las 14 semanas es una apuesta por modernizar la legislación chilena y alinear el marco jurídico con la realidad social y sanitaria del país. Aunque su aprobación parece improbable en el corto plazo, el solo hecho de haber ingresado el proyecto al Congreso marca un hito en la discusión sobre derechos reproductivos en América Latina. Inicia así un nuevo capítulo en el debate público chileno sobre el aborto: uno que pondrá a prueba no solo el equilibrio político, sino también el compromiso del país con la salud y la autonomía de las mujeres.

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