Pemex sigue operando como si Tlahuelilpan no hubiera pasado

Seis años después de la explosión que cobró la vida de 137 personas en Tlahuelilpan, Hidalgo, Petróleos Mexicanos no ha corregido las fallas estructurales que permitieron esa tragedia. Así lo denuncia la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que acusa a la empresa estatal de actuar con negligencia sistemática en su lucha contra el robo de combustible.

Según el más reciente informe del organismo, Pemex mantiene una red de ductos envejecida, sin mantenimiento adecuado, y opera con tecnología de detección que calificó como “obsoleta e incompleta”. La empresa clausura tomas clandestinas, pero no cuenta con sistemas eficaces para prevenirlas ni con protocolos actualizados de actuación en caso de fuga, explosión o derrame.

Para la CNDH, esto no solo implica un riesgo ambiental y económico, sino una amenaza directa a los derechos humanos de miles de personas que viven cerca de instalaciones vulnerables.

Seguridad industrial sin estrategia

La falta de un plan integral para combatir el huachicol desde una perspectiva de seguridad industrial ha quedado en evidencia. La dependencia en operativos militares y en la vigilancia física ha sido incapaz de frenar un fenómeno que opera con estructuras organizadas, redes comunitarias y corrupción interna.

La CNDH señala que Pemex sigue actuando bajo una lógica reactiva. Se espera a que ocurra una fuga, una toma descubierta por terceros, o una tragedia, antes de intervenir. Además, se detectó que no existen protocolos estandarizados que puedan ser aplicados por gobiernos locales, lo que agrava la respuesta ante emergencias.

En municipios como Tlahuelilpan, donde la memoria de la tragedia aún pesa, las autoridades locales siguen sin recibir formación técnica para actuar ante un posible incidente. No hay simulacros, ni campañas de prevención, ni información clara para la población.

La herencia de la impunidad

Tlahuelilpan, más que un símbolo del horror, se ha convertido en una metáfora del abandono. A seis años de la explosión, la zona permanece contaminada, los proyectos de remediación están detenidos y muchas de las familias afectadas no han sido indemnizadas en su totalidad.

La CNDH documentó que, hasta la fecha, no existe un plan de restauración ambiental efectivo, ni un compromiso sostenido para reparar el daño social que dejó aquella noche de fuego y muerte. Pemex, según el informe, tampoco ha colaborado de forma eficaz con otras instituciones federales, como la ASEA o la Secretaría de Medio Ambiente, para atender las secuelas.

El mensaje, para muchas comunidades rurales, es claro: si algo pasa, están solas.

¿Qué se necesita?

Expertos en energía y derechos humanos coinciden en que el problema del huachicol no se resolverá con más patrullas ni con más retenes. Se necesita una renovación completa del sistema de monitoreo de ductos, el uso de tecnologías predictivas y una red nacional de respuesta inmediata.

Pero eso no basta. Se requiere también un trabajo profundo con las comunidades: educación sobre riesgos, inversión en desarrollo local y un marco legal que sancione con firmeza no solo a quienes extraen combustible, sino a quienes lo compran, distribuyen o lo permiten desde dentro de la propia Pemex.

Una crisis que se entierra… hasta que vuelve a explotar

Mientras no se tomen acciones contundentes, el país seguirá caminando sobre una red subterránea de riesgo. Cada ducto perforado ilegalmente es una ruleta rusa. Y cada vez que Pemex minimiza el problema, el Estado mexicano se aleja un paso más de cumplir su obligación básica: proteger la vida.

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