Introducción

México enfrenta una crisis de desapariciones que ha captado la atención internacional. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha negado que estas desapariciones respondan a una política de Estado, mientras que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sostiene lo contrario. Esta discrepancia ha generado un intenso debate sobre la responsabilidad del Estado mexicano en estos casos.

La postura de la CNDH

En un comunicado reciente, la CNDH rechazó que en México exista una crisis de desapariciones y negó que estas sean consecuencia de una política de Estado. La institución argumentó que las declaraciones del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU están “totalmente descontextualizadas” y que la acción del Estado mexicano es la vía legítima para enfrentar el fenómeno, descartando cualquier posibilidad de injerencia internacional.

La posición de la ONU

Contrariamente, el Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha declarado que las desapariciones en México son “sistemáticas y generalizadas”, sustentando su afirmación en cifras alarmantes: más de 127,000 personas desaparecidas, 5,600 fosas clandestinas y una crisis forense con 72,000 cuerpos sin identificar. El Comité ha activado por primera vez en su historia el artículo 34 para llevar el caso a la Asamblea General de la ONU.

Reacciones del gobierno mexicano

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha declarado que en el país “no hay desaparición forzada desde el Estado”, desatando polémica frente a datos y denuncias ampliamente documentadas. Diversas instancias, como la ONU, han señalado que la desaparición forzada en el país es “sistemática y generalizada”.

Críticas a la CNDH

La presidenta de la CNDH, Rosario Piedra Ibarra, ha sido criticada por su cambio de postura respecto a la intervención de la ONU en casos de desaparición. En redes sociales, resurgió un video en el que Piedra Ibarra elogiaba el trabajo del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU durante las investigaciones por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, lo que contrasta con su postura actual de rechazo a la injerencia internacional.

Conclusiones

La discrepancia entre la CNDH y la ONU sobre la naturaleza de las desapariciones en México refleja una profunda desconexión frente a una de las crisis más graves de derechos humanos en el país. Mientras la ONU activa mecanismos internacionales para abordar la situación, las autoridades mexicanas insisten en negar la existencia de una política de Estado detrás de estos crímenes.

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