El 28 de enero de 2025, dos aviones de la Fuerza Aérea Colombiana aterrizaron en el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá, transportando a 201 migrantes deportados desde Estados Unidos. Este evento se produce tras una serie de tensiones diplomáticas entre los gobiernos de Estados Unidos y Colombia, derivadas de la negativa inicial del presidente colombiano, Gustavo Petro, a aceptar vuelos de deportación en condiciones que consideraba indignas.
Contexto de la disputa diplomática
La controversia comenzó cuando el presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó la deportación de migrantes colombianos en vuelos operados por aviones militares estadounidenses. Al enterarse de que los deportados eran transportados esposados y en condiciones que consideraba humillantes, el presidente Petro rechazó la llegada de dos de estos vuelos, argumentando que no permitiría que sus compatriotas fueran tratados de manera indigna. En respuesta, Trump amenazó con imponer aranceles del 25% a las exportaciones colombianas y con revocar visas a funcionarios del gobierno colombiano.
Tras intensas negociaciones, se alcanzó un acuerdo en el que Colombia aceptaría a los migrantes deportados, pero bajo la condición de que fueran transportados en aviones de la Fuerza Aérea Colombiana para garantizar su dignidad durante el traslado. El presidente Petro enfatizó que los migrantes no son criminales, sino personas que buscan mejores oportunidades, y que merecen ser tratadas con respeto.
Acuerdo y llegada de los deportados
A su llegada a Bogotá, los deportados, entre los que se encontraban 26 menores de edad y dos mujeres embarazadas, relataron experiencias de maltrato durante su detención y deportación en Estados Unidos. Algunos denunciaron haber sido esposados de pies y manos, y tratados “como perros” durante el vuelo. El canciller colombiano, Luis Gilberto Murillo, confirmó que ninguno de los deportados tenía antecedentes penales ni en Colombia ni en Estados Unidos.
El gobierno colombiano ha instalado un programa de apoyo para la reinserción de estos migrantes, proporcionando ayuda económica y laboral. Además, se han habilitado refugios temporales en Bogotá y otras ciudades para los deportados que no cuenten con familiares en el país.
Reacciones y perspectivas
Este episodio ha generado diversas reacciones en la comunidad internacional. Organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por el trato recibido por los migrantes durante el proceso de deportación. Por su parte, el presidente Trump defendió las medidas adoptadas, argumentando que eran necesarias por razones de seguridad. Sin embargo, las autoridades colombianas han enfatizado que los deportados no son criminales y han criticado la estigmatización de los migrantes.
Este incidente pone de relieve las complejidades de la política migratoria entre Estados Unidos y América Latina, y subraya la necesidad de enfoques que respeten los derechos humanos y la dignidad de los migrantes.
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