El origen del reclamo

El senador Luis Donaldo Colosio Riojas, coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara Alta, exigió un informe detallado a la Guardia Nacional sobre el retiro de 200 elementos del municipio de Uruapan, Michoacán, días antes del asesinato del alcalde Carlos Manzo. El legislador calificó la decisión como “inexplicable” y “contradictoria”, considerando los altos índices de violencia en la región y el historial de ataques a funcionarios públicos.

Según Colosio, la ausencia repentina de fuerzas federales pudo haber dejado un vacío de seguridad que facilitó la ejecución del crimen. En su solicitud, presentada ante la Comisión de Seguridad Pública del Senado, pidió conocer quién ordenó la reubicación, cuáles fueron los motivos operativos y qué criterios se consideraron para retirar al personal justo en una zona de riesgo.

Michoacán: una zona prioritaria

El caso ha reavivado el debate sobre la estrategia de seguridad federal en Michoacán, uno de los estados con mayor presencia del crimen organizado. Uruapan, en particular, ha sido escenario de enfrentamientos entre células de Los Viagras, el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y otros grupos locales.

En los últimos meses, la violencia se ha recrudecido en la región, con ataques a autoridades municipales, incendios de vehículos y extorsiones a productores agrícolas. Por ello, la salida de los elementos de la Guardia Nacional sin una explicación clara ha sido interpretada por especialistas como un error estratégico que debilitó la contención territorial.

Analistas en seguridad como Alejandro Hope y Guadalupe Correa Cabrera han señalado que Michoacán requiere una presencia constante del Estado y no operativos intermitentes. La retirada de tropas en un contexto tan delicado genera un vacío que grupos criminales aprovechan rápidamente para reposicionarse.

Reacciones políticas y cuestionamientos

La solicitud de Colosio generó apoyo de senadores de oposición y de algunos legisladores morenistas que también exigieron transparencia en la toma de decisiones de la Guardia Nacional. El PAN y el PRI respaldaron el exhorto, argumentando que la estrategia de seguridad no puede basarse en improvisaciones o reacomodos sin información pública.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) respondió de manera preliminar que el retiro fue parte de un “reajuste operativo temporal”, aunque no precisó el destino de los efectivos ni la duración de la medida. Esta respuesta generó aún más dudas, ya que el asesinato de Carlos Manzo ocurrió apenas tres días después de la retirada de los agentes.

El caso ha abierto un nuevo frente de críticas hacia la política de seguridad federal. Diversos sectores cuestionan la falta de coordinación entre los niveles de gobierno y la ausencia de un esquema de protección específico para funcionarios amenazados.

Implicaciones nacionales

El reclamo de Colosio Riojas no se limita al ámbito local. Su postura ha encendido una discusión más amplia sobre el papel real de la Guardia Nacional en el país y su grado de autonomía frente a las decisiones del Ejecutivo. La falta de rendición de cuentas sobre los despliegues y retiros de tropas se percibe como un punto débil dentro del esquema de seguridad pública.

Además, el episodio ha sido interpretado como un reflejo de las tensiones entre la federación y los gobiernos estatales. Mientras Michoacán reclama mayor apoyo, desde la Ciudad de México se insiste en que los operativos deben distribuirse conforme a las “prioridades nacionales”. Esta falta de sintonía complica la respuesta frente a crisis de violencia localizadas.

El Senado podría citar a comparecer a representantes de la SSPC y de la Guardia Nacional para explicar los criterios técnicos que motivaron la decisión. Colosio adelantó que insistirá en que el informe sea público, con datos precisos sobre fechas, destinos y razones logísticas del repliegue.

El caso Uruapan como símbolo

Para la opinión pública, la coincidencia temporal entre el retiro de las tropas y el asesinato del alcalde se ha convertido en símbolo de la descoordinación institucional que atraviesa al país. Uruapan no es un caso aislado: en los últimos años, varios municipios han denunciado la salida repentina de elementos federales sin aviso ni protocolo, lo que los deja vulnerables ante grupos armados.

La situación plantea un desafío profundo sobre la estrategia de militarización de la seguridad pública. Si la presencia de fuerzas federales es temporal o impredecible, el control territorial nunca se consolida y los gobiernos locales quedan expuestos. El asesinato de Manzo y la falta de respuesta oportuna han encendido las alarmas en todo el país, donde varios alcaldes han solicitado protección adicional tras el atentado.

Conclusión

El llamado de Luis Donaldo Colosio representa una exigencia de transparencia en un momento de alta tensión política y social. La explicación del retiro de la Guardia Nacional de Uruapan no solo busca aclarar un hecho operativo, sino también abrir el debate sobre la eficacia y el control civil de las fuerzas federales.

La demanda de un informe completo y público podría marcar un precedente en la relación entre el Senado y las instituciones de seguridad, obligándolas a rendir cuentas sobre decisiones que impactan directamente en la vida de los ciudadanos. Si la investigación revela fallas en la coordinación o negligencia en la evaluación de riesgos, el caso podría convertirse en un punto de inflexión en la política de seguridad nacional.

Referencias

• Aristegui Noticias: “Colosio pedirá informe sobre retiro de la Guardia Nacional de Uruapan en octubre.”
• Político MX: “Colosio Riojas pide a la Guardia Nacional explicar por qué se retiró de Uruapan.”
• Central Municipal: “Colosio Riojas exige a la Guardia Nacional explicar su retiro de Uruapan antes del asesinato del alcalde.”
• Zócalo: “Colosio señala que el retiro de la GN refleja desconexión con las necesidades locales.”
• Infobae: “Senadores piden transparencia sobre reubicaciones de la Guardia Nacional en Michoacán.”

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