Revocación del TPS para 350,000 migrantes
El 19 de mayo de 2025, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó al gobierno del presidente Donald Trump a revocar el Estatus de Protección Temporal (TPS) para aproximadamente 350,000 venezolanos, exponiéndolos a posibles deportaciones. Esta decisión revierte una orden previa de un juez federal en San Francisco que había bloqueado la medida, argumentando que su eliminación causaría “daños irreparables” a los beneficiarios y a la economía estadounidense.
El TPS fue otorgado inicialmente por la administración de Joe Biden en 2021 y ampliado en 2023, debido a la grave crisis política y económica en Venezuela. Este estatus permitía a los beneficiarios residir y trabajar legalmente en Estados Unidos mientras su país de origen enfrentaba condiciones inseguras.
Argumentos del gobierno y reacciones
La administración Trump justificó la revocación del TPS alegando que la permanencia de los venezolanos en Estados Unidos representaba una carga para los recursos locales y una amenaza para la seguridad pública, citando presuntos vínculos con organizaciones criminales como el Tren de Aragua. La Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi L. Noem, afirmó que la medida era necesaria para proteger los intereses nacionales.
La decisión de la Corte Suprema fue emitida sin una explicación detallada, con solo la jueza Ketanji Brown Jackson en desacuerdo. Grupos de derechos civiles y defensores de los migrantes criticaron la medida, calificándola de “devastadora” y advirtiendo sobre el riesgo de enviar a personas a un país aún inestable. Algunos beneficiarios del TPS expresaron su temor de enfrentar persecución o dificultades extremas si son deportados.
Implicaciones y próximos pasos
Aunque la decisión del Supremo permite al gobierno proceder con las deportaciones, el caso continúa en litigio en tribunales inferiores. Los defensores de los migrantes han presentado demandas alegando discriminación racial y violaciones de derechos humanos. Mientras tanto, los venezolanos afectados deben buscar alternativas legales para permanecer en el país o prepararse para abandonar Estados Unidos.
Esta medida forma parte de una política migratoria más amplia de la administración Trump, que busca reducir la inmigración y eliminar protecciones temporales otorgadas a ciudadanos de varios países.
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