Un fallo unánime que refuerza la inmunidad de la industria armamentista

El 5 de junio de 2025, la Corte Suprema de Estados Unidos desestimó por unanimidad la demanda de 10 mil millones de dólares presentada por el Gobierno de México contra varios fabricantes de armas estadounidenses, entre ellos Smith & Wesson, Beretta, Colt y Glock. La demanda acusaba a estas empresas de facilitar el tráfico ilegal de armas hacia México, contribuyendo así a la violencia generada por los cárteles de la droga. Sin embargo, el tribunal concluyó que la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), aprobada en 2005, otorga inmunidad a los fabricantes de armas frente a este tipo de demandas.

La jueza Elena Kagan, en nombre de la Corte, señaló que la demanda de México no presentó alegaciones plausibles de que los fabricantes de armas hubieran “ayudado e instigado” directamente las ventas ilegales de armas a traficantes mexicanos. Aunque reconoció que algunas ventas ilegales ocurren y que los fabricantes podrían ser conscientes de ello, enfatizó que la ley requiere pruebas de participación activa en dichas transacciones ilícitas, lo cual no se demostró en este caso.

Reacciones del Gobierno de México

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó su firme desacuerdo con la decisión de la Corte Suprema y reiteró su compromiso de combatir el tráfico ilícito de armas. En un comunicado oficial, la SRE afirmó que México ha presentado argumentos sólidos que demuestran el daño que las empresas fabricantes de armas ocasionan al país y que continuará utilizando todos los recursos legales y diplomáticos disponibles para frenar el flujo ilegal de armas.

Además, la SRE destacó que esta decisión no afecta otra demanda presentada en 2022 en Tucson, Arizona, contra cinco tiendas distribuidoras de armas. Dicha demanda sigue su curso y se encuentra en la etapa de producción de evidencia.

Contexto del caso y antecedentes legales

La demanda original fue presentada por México en 2021 en un tribunal federal de Boston, Massachusetts. En ella, el gobierno mexicano alegaba que los fabricantes de armas diseñaban y comercializaban productos atractivos para los cárteles, como pistolas con nombres en español y características militares, y que mantenían redes de distribución que facilitaban las ventas ilegales a través de intermediarios.

Aunque un tribunal de apelaciones permitió que la demanda avanzara bajo una excepción de la PLCAA que permite acciones legales si se demuestra que las empresas violaron conscientemente la ley, la Corte Suprema revocó esta decisión, concluyendo que México no presentó pruebas suficientes de una violación directa por parte de los fabricantes.

Implicaciones y próximos pasos

El fallo representa una victoria significativa para la industria armamentista estadounidense, que ha enfrentado múltiples demandas en los últimos años relacionadas con la violencia armada. Sin embargo, expertos legales señalan que la decisión no cierra la puerta a futuras acciones legales si se presentan pruebas más contundentes de participación directa en actividades ilícitas.

México, por su parte, ha logrado posicionar el tema del tráfico ilegal de armas en la agenda internacional, incluyendo la aprobación de la resolución 2616 del Consejo de Seguridad de la ONU en 2021. Actualmente, se espera que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emita una opinión sobre el impacto del tráfico de armas en la región.

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