Corte IDH responsabiliza a México por caso Ascencio

Una sentencia histórica por violencia y omisión del Estado

La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) declaró responsable al Estado mexicano por la violación sexual, tortura y muerte de Ernestina Ascencio Rosario, una mujer indígena náhuatl de 73 años que fue atacada en 2007 en el estado de Veracruz por elementos del Ejército mexicano. La resolución concluye que el Estado no solo falló en proteger a la víctima, sino que también incurrió en graves irregularidades durante la investigación del caso.

De acuerdo con el fallo, la agresión sexual sufrida por Ascencio constituyó un acto de tortura y estuvo directamente relacionada con su muerte. La Corte señaló que las autoridades mexicanas minimizaron los hechos, alteraron la narrativa oficial y no actuaron con la debida diligencia, particularmente por tratarse de una mujer indígena en situación de vulnerabilidad.

Reparación integral y obligaciones pendientes

Como parte de la sentencia, la Corte IDH ordenó al Estado mexicano realizar una investigación efectiva para esclarecer los hechos y sancionar a los responsables. Además, estableció medidas de reparación integral que incluyen compensaciones económicas a los familiares, atención médica y psicológica, así como actos públicos de reconocimiento de responsabilidad.

El tribunal también instruyó al gobierno mexicano a implementar programas de capacitación para fuerzas armadas y autoridades judiciales en materia de derechos humanos, con énfasis en la protección de mujeres indígenas y la erradicación de la tortura.

Impacto en derechos humanos y fuerzas armadas

Este fallo se considera un precedente clave en la supervisión internacional de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública en México. Organismos defensores de derechos humanos han señalado que la sentencia refuerza la necesidad de limitar la participación militar en labores civiles y de garantizar mecanismos de rendición de cuentas efectivos.

La resolución revive el debate sobre la militarización del país y la impunidad en casos de violencia cometida por agentes del Estado, especialmente en comunidades indígenas históricamente marginadas.

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