Una pausa estratégica en la Suprema Corte

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha tomado una decisión sin precedentes: a partir del 16 de abril de 2025, suspenderá el turno de nuevos expedientes que no sean considerados urgentes o preferentes. Esta medida estará vigente hasta el 15 de agosto de 2025, como parte de una estrategia para reducir la carga de trabajo antes de la renovación de su integración, programada para el mes de septiembre.

La resolución fue aprobada por el Pleno del máximo tribunal desde el pasado 4 de marzo, como parte de una serie de ajustes para facilitar la transición hacia una nueva composición ministerial. En ese mismo paquete de decisiones se incluye una reducción en la frecuencia de las sesiones públicas, con el objetivo de concentrar esfuerzos en los casos prioritarios.

Qué sí se atenderá y qué no

Durante este periodo, la Corte únicamente turnará a sus ministras y ministros los expedientes que cumplan con ciertos criterios de urgencia. Entre ellos, destacan los siguientes:

• Casos relacionados con la protección de menores de edad.
• Asuntos que involucren personas privadas de su libertad.
• Controversias agrarias y laborales que requieren pronta resolución.
• Solicitudes donde se busque la suspensión de actos reclamados.
• Impugnaciones contra leyes en materia electoral.
• Peticiones de ejercicio de la facultad de atracción.
• Incidentes derivados del incumplimiento de sentencias de amparo.

Los expedientes que no entren en estas categorías serán recibidos, pero se reservarán para ser abordados por la nueva integración de la Corte. En otras palabras, los casos no urgentes quedarán “congelados” al menos hasta septiembre.

Efectos prácticos y percepción pública

La decisión tiene implicaciones importantes para la impartición de justicia en México. Cientos de casos quedarán en pausa, lo cual podría generar retrasos y frustración entre las personas involucradas. Si bien no se trata de asuntos catalogados como urgentes, muchos de ellos pueden tener efectos reales en la vida de ciudadanos, empresas y organismos públicos.

Desde una óptica institucional, sin embargo, esta pausa busca dar un respiro a la actual Corte y asegurar que la nueva integración tenga mejores condiciones para asumir su rol. Dado que algunos ministros concluyen su encargo o podrían ser reemplazados, la Corte considera prudente no recargar de expedientes a una estructura en proceso de renovación.

A nivel político, la medida también genera lecturas. En un contexto de tensiones entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, cualquier decisión sobre el ritmo de trabajo del tribunal es observada con lupa. Algunos sectores podrían interpretar esta decisión como una muestra de ineficiencia o falta de compromiso; otros, como una táctica estratégica para garantizar continuidad institucional sin sobresaltos.

Lo cierto es que esta pausa, aunque técnica en apariencia, tendrá consecuencias jurídicas concretas y podría reavivar el debate sobre la necesidad de reformar el Poder Judicial para mejorar su capacidad de respuesta y adaptabilidad frente a las exigencias ciudadanas.

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