Acusan a legisladores de ostentar bienes millonarios sin registro oficial

Dos diputados federales, Sergio Gutiérrez Luna (Morena) y Diana Karina Barreras (PT), han quedado en el centro de la polémica luego de ser exhibidos por portar prendas, joyas, relojes y otros artículos de lujo cuyo valor supera con creces su salario como servidores públicos y que no fueron registrados en sus declaraciones patrimoniales. Las acusaciones surgieron a raíz de publicaciones en redes sociales donde ambos aparecen luciendo marcas de alto perfil, provocando cuestionamientos sobre la procedencia de sus bienes y la transparencia de sus ingresos.

Gutiérrez Luna, quien anteriormente presidió la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, y Barreras, diputada por Sonora, han sido fotografiados utilizando artículos de marcas como Cartier, Hublot, Tiffany, Prada, Fendi y Louis Vuitton. La controversia escaló cuando se difundieron estimaciones que indican que solo en relojería y joyería, el valor de los objetos que portan asciende a varios millones de pesos, sin que estos se encuentren reportados en los registros públicos correspondientes.

Entre los bienes destacados se encuentran un reloj Hublot Big Bang de edición especial, valuado en más de 600 mil pesos; un Cartier Ballon Bleu con un costo superior a los 250 mil pesos; anillos de compromiso de la firma Tiffany con un valor que rebasa el millón de pesos; así como bolsos, collares y zapatos de diseñador cuyo costo individual puede superar los 100 mil pesos. Además, se ha identificado una colección de arte que incluye piezas de artistas contemporáneos como Víctor Castillo, que tampoco fueron referidas en sus declaraciones patrimoniales.

A la par de estos bienes, se documentó que ambos legisladores forman parte de una sociedad inmobiliaria registrada a su nombre, la cual no fue incluida en los informes obligatorios que deben rendir ante la Secretaría de la Función Pública. Esto ha encendido alarmas no solo en medios de comunicación, sino también entre actores políticos y especialistas en rendición de cuentas, quienes advierten que podrían existir inconsistencias graves con implicaciones administrativas y legales.

La polémica también ha reavivado el debate sobre la austeridad republicana promovida por el actual gobierno federal. Si bien tanto Morena como el PT se han pronunciado constantemente a favor de un estilo de vida alejado de los excesos, la exposición de estos lujos ha generado fuertes críticas dentro y fuera del Congreso. Grupos opositores exigen que se abra una investigación por posible enriquecimiento ilícito y omisión de información patrimonial, mientras que desde las filas oficialistas algunos han guardado silencio y otros han intentado desvincular a sus compañeros de partido del escándalo.

Organizaciones dedicadas a la fiscalización del gasto público han señalado que el salario neto de un diputado federal ronda los 75 mil pesos mensuales, lo cual no permite justificar adquisiciones como las exhibidas sin ingresos adicionales debidamente reportados. En ese contexto, también se cuestiona por qué la Unidad de Inteligencia Financiera y la Auditoría Superior de la Federación no han intervenido hasta el momento para revisar las finanzas personales de ambos legisladores.

Si bien ni Gutiérrez Luna ni Barreras han emitido una postura formal detallada sobre las acusaciones, ambos han continuado con su agenda legislativa sin mayores sobresaltos. Sin embargo, el escrutinio mediático no ha cesado y se espera que el tema sea abordado nuevamente en el próximo periodo ordinario de sesiones. De confirmarse las omisiones patrimoniales, los diputados podrían enfrentar sanciones administrativas, inhabilitación para ocupar cargos públicos e incluso cargos penales, dependiendo del resultado de las investigaciones que eventualmente se lleven a cabo.

Este caso se suma a una serie de escándalos recientes que han puesto en entredicho la credibilidad de las declaraciones patrimoniales como herramienta efectiva de control y vigilancia sobre el comportamiento financiero de los funcionarios. La falta de consecuencias visibles para quienes incurren en opacidad alimenta la percepción de impunidad en las altas esferas del poder, debilitando la confianza ciudadana en las instituciones democráticas.

En un contexto electoral que se aproxima, el impacto político de este caso podría ser significativo, especialmente si otros aspirantes o figuras públicas son señaladas por situaciones similares. Por ahora, el caso Gutiérrez Luna-Barreras permanece como un símbolo de los retos pendientes en materia de fiscalización patrimonial, rendición de cuentas y coherencia entre el discurso y la conducta pública de los representantes populares.

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