El recorte en el Presupuesto 2026

La Cámara de Diputados aprobó en lo general el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026, por un monto cercano a los 10.2 billones de pesos, que incluye un recorte de alrededor de 17 mil millones de pesos a los recursos originalmente proyectados para el Poder Judicial de la Federación y otros órganos autónomos como el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

El ajuste, impulsado por la mayoría de Morena y sus aliados, forma parte de un paquete de reasignaciones que suma 17 788 millones de pesos, de los cuales la mayor parte —en torno a entre 15 y 16 mil millones— se desprende del presupuesto solicitado por el nuevo Poder Judicial de la Federación para 2026.

Con este movimiento, la Cámara responde también a la petición previa de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien había planteado reducir en alrededor de 15 mil millones de pesos el incremento solicitado por la Suprema Corte y el órgano de administración judicial, argumentando que se trataba de un aumento “exagerado” heredado de la administración anterior encabezada por la ministra Norma Piña.

De la expansión al recorte: cómo cambió el presupuesto del Poder Judicial

El punto de partida de este recorte fue un proyecto de presupuesto para el Poder Judicial que implicaba un aumento de casi 15 mil millones de pesos respecto a 2025, al pasar de alrededor de 71 mil millones a casi 86 mil millones de pesos para 2026.

Ese incremento consideraba recursos adicionales para la nueva estructura judicial surgida tras la reforma, con más dinero para el Órgano de Administración Judicial, refuerzos presupuestales para el Tribunal de Disciplina y un aumento de alrededor de 600 millones de pesos para la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Desde la óptica del Ejecutivo federal, estos montos no eran compatibles con la política de austeridad que se espera del nuevo Poder Judicial, especialmente en un contexto en el que se han anunciado recortes salariales y ajustes en la estructura de juzgadores.

Por ello, Sheinbaum planteó “corregir” el presupuesto enviado por la Corte anterior y pidió al Congreso que se redujera aproximadamente el mismo monto que representaba el aumento —unos 15 mil millones—, dejando al Poder Judicial con un presupuesto similar al que ya tenía, pero redistribuyendo la diferencia hacia otras prioridades.

¿De dónde salen los 17 mil millones?

Aunque el debate público se ha centrado en el recorte al Poder Judicial, el paquete aprobado por la Comisión de Presupuesto y posteriormente por el Pleno de la Cámara incluye recortes también a otros órganos autónomos.

Las cifras difundidas por legisladores de Morena apuntan a un recorte global de entre 17 y 18 mil millones de pesos a los recursos solicitados por el Poder Judicial, el INE y el TEPJF para 2026. De ese total, alrededor de 15 mil millones corresponden a la reducción específica al proyecto del Poder Judicial —es decir, prácticamente el aumento adicional que había sido solicitado para el próximo año—.

En términos prácticos, esto significa que el Poder Judicial no sólo deja de recibir el incremento que había proyectado, sino que además ve condicionada su capacidad de expansión en rubros como infraestructura, modernización tecnológica y fortalecimiento de tribunales especializados.

¿A dónde irán los recursos?

El recorte no implica una reducción del gasto total, sino una reorientación. Tanto la Presidencia como los líderes parlamentarios de Morena han insistido en que los 17 mil millones de pesos no se “ahorran”, sino que se reasignan a sectores que consideran más urgentes o desatendidos.

De acuerdo con las declaraciones de Claudia Sheinbaum, la propuesta del Ejecutivo es que los alrededor de 15 mil millones recortados al Poder Judicial se canalicen hacia el deporte, la cultura, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), la inversión pública e infraestructura, y las universidades públicas.

A estos rubros se suman otras reasignaciones desde el conjunto de recortes a órganos autónomos, incluyendo partidas para medio ambiente, infraestructura carretera y programas del campo.

El argumento oficialista: austeridad y “corrección” de excesos

El discurso de la mayoría parlamentaria gira alrededor de dos ideas principales: austeridad y prioridad social.

Por un lado, sostienen que el presupuesto elaborado por la Suprema Corte anterior, aún bajo el mando de Norma Piña, contenía un aumento injustificado de 15 mil millones de pesos, en contraste con el discurso de austeridad y la reducción de privilegios que se impulsa desde el Ejecutivo.

Por el otro, la narrativa oficial plantea que destinar esos recursos a deporte, cultura, educación e infraestructura tiene un impacto social directo mayor que mantenerlos en un aparato judicial que, según el gobierno, todavía está en proceso de reorganización tras la reforma y la elección popular de jueces y magistrados.

En esa lógica, el recorte es presentado no como una “venganza” frente al Poder Judicial, sino como un ajuste técnico y político para alinear sus recursos con la nueva estructura y con una política de salarios más austera en la Corte y el resto de los órganos judiciales.

Las críticas: riesgo para la independencia judicial y los órganos autónomos

La oposición y diversos actores del ámbito jurídico han interpretado el recorte en términos muy diferentes. Para partidos como PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, la reducción del presupuesto al Poder Judicial y a órganos como el INE y el TEPJF se inscribe en una estrategia más amplia de debilitamiento de los contrapesos y de concentración de poder en el Ejecutivo y su mayoría parlamentaria.

Entre los principales señalamientos críticos se encuentran que el recorte se produce inmediatamente después de profundas reformas a la estructura judicial, lo que podría limitar la capacidad de los nuevos jueces y magistrados para operar con independencia y eficacia. También se advierte que la reducción de recursos al INE y al TEPJF podría vulnerar la organización de futuros procesos electorales.

Organizaciones de la sociedad civil y especialistas en derecho constitucional han advertido que, aunque el Congreso tiene plena facultad para modificar los presupuestos de los órganos autónomos, el uso reiterado de recortes fuertes puede erosionar en los hechos su autonomía y capacidad técnica.

Impactos posibles en la operación de la justicia

En el terreno práctico, el recorte plantea interrogantes sobre cómo se ajustará el Poder Judicial al nuevo escenario financiero. El presupuesto 2026 deberá cubrir, entre otros rubros, la operación de los nuevos órganos creados tras la reforma judicial, los costos de transición asociados a la elección popular de jueces y magistrados y los proyectos de modernización e infraestructura.

Si bien el Ejecutivo insiste en que la reducción sólo elimina un aumento “excesivo” y que el Poder Judicial seguirá contando con recursos suficientes para su funcionamiento básico, jueces y trabajadores han advertido que la presión presupuestaria podría traducirse en menor capacidad para abrir nuevos juzgados, retrasos en la digitalización de expedientes y mayor saturación de tribunales.

Un episodio más en la disputa por los contrapesos

El recorte de 17 mil millones de pesos al Poder Judicial y a organismos autónomos se inscribe en una secuencia de reformas profundas que han redefinido el equilibrio de poderes en México. Después de la reforma judicial y la elección popular de jueces, la discusión presupuestaria se ha convertido en otro frente de disputa política.

Para el gobierno de Sheinbaum, el ajuste es coherente con una visión de Estado que privilegia la inversión social y la austeridad en las altas esferas del poder. Para la oposición, se trata de un mensaje de fuerza hacia los contrapesos institucionales, con posibles efectos de largo plazo en la independencia judicial y la calidad de la democracia.

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Referencias

• El Sol de México, “Quitarán 17 mil mdp al Poder Judicial para asignarlos en educación, cultura e infraestructura”.
• Excélsior, “Tijeretazo de 18 mil mdp al INE, TEPJF, la Corte… alistan recortes al presupuesto 2026”.
• Proceso, “Poder Judicial, INE y Tribunal Electoral tendrán recorte presupuestario de 17 mil mdp: Monreal”.
• El Universal, “Diputados aprueban Presupuesto 2026 con recortes al INE y al Poder Judicial”.
• El País, “Sheinbaum pone un freno presupuestario al nuevo Poder Judicial y pide al Congreso un recorte millonario”.
• Infobae, “Sheinbaum prevé quitar 15 mil mdp del presupuesto para el Poder Judicial en 2026”.
• Contralínea, “Recorte de 15 mil MDP al Poder Judicial beneficiará a deporte y cultura: Sheinbaum”.

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