La Fiscalía General de la República confirmó que el próximo 8 de octubre se llevará a cabo en Estados Unidos la audiencia que definirá la solicitud de extradición de Sandra Téllez Nieves, una de las socias responsables de la guardería ABC de Hermosillo, Sonora. Téllez se encuentra prófuga desde 2022, cuando incumplió una condena dictada en México por su vinculación con el incendio ocurrido el 5 de junio de 2009, que provocó la muerte de 49 niños y dejó más de 70 heridos.
El caso ABC ha sido uno de los más dolorosos y simbólicos en la historia reciente del país. Las investigaciones revelaron fallas graves en materia de protección civil, negligencia administrativa y falta de supervisión por parte de autoridades locales y federales. Entre los responsables señalados en las indagatorias se encontraba Téllez Nieves, quien era una de las socias operativas del establecimiento subrogado por el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
Durante más de una década, las familias de las víctimas han exigido justicia y han enfrentado múltiples obstáculos institucionales. A pesar de que en años recientes se emitieron sentencias contra algunos involucrados, incluyendo funcionarios del IMSS y autoridades locales, varios de los responsables clave lograron evadir la acción de la justicia. Sandra Téllez fue declarada prófuga tras incumplir con una orden judicial en 2022, y fue localizada meses después en territorio estadounidense, donde comenzó un proceso para su detención con fines de extradición.
El gobierno mexicano, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y la FGR, ha dado seguimiento al caso ante autoridades estadounidenses. Según reportes oficiales, Téllez fue ubicada en Texas y permanece detenida a la espera de la audiencia que definirá si será devuelta a México para cumplir su sentencia pendiente. El proceso está siendo supervisado por jueces federales estadounidenses, quienes deberán valorar tanto la evidencia entregada por el gobierno mexicano como las garantías procesales para la acusada.
El anuncio de la audiencia del 8 de octubre ha reavivado la atención pública sobre el caso. Colectivos como “Manos Unidas por Nuestros Hijos”, conformado por familiares de las víctimas, han manifestado su esperanza de que esta vez sí se logre una sanción efectiva para uno de los principales actores involucrados en la tragedia. Asimismo, han reiterado su exigencia de que el Estado mexicano reconozca plenamente su responsabilidad y garantice que no haya impunidad para ninguno de los implicados.
El gobierno federal ha sostenido que mantiene un compromiso con la reparación del daño, tanto desde el punto de vista jurídico como simbólico. La actual administración ha impulsado reformas en materia de protección civil y protocolos para la operación de estancias infantiles, aunque organizaciones civiles señalan que las medidas siguen siendo insuficientes y que aún persiste una deuda con las víctimas.
En paralelo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) trabaja en la actualización de los mecanismos de acompañamiento y reparación integral, en coordinación con la Fiscalía y organismos locales. No obstante, algunos de los familiares han denunciado falta de seguimiento y promesas incumplidas.
La extradición de Téllez, de concretarse, representaría un paso significativo en el largo camino hacia la justicia para los familiares de los 49 menores fallecidos. También pondría en evidencia los rezagos estructurales en materia judicial, ya que más de 16 años después del incidente aún hay actores clave que no han sido juzgados. La audiencia del 8 de octubre, en este sentido, será un punto de inflexión que podría cerrar un capítulo abierto desde 2009 o, en su defecto, perpetuar la percepción de impunidad en uno de los casos más trágicos de la historia reciente del país.
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