Sanciones del Departamento del Tesoro

El gobierno de Estados Unidos anunció sanciones contra una red de cuatro personas y trece empresas mexicanas vinculadas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), acusadas de operar un esquema fraudulento de tiempos compartidos en Puerto Vallarta y otras zonas turísticas del país. Las medidas, impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, buscan congelar los activos de los implicados bajo jurisdicción estadounidense y prohibir a ciudadanos y empresas de Estados Unidos realizar transacciones con ellos.

Según las autoridades estadounidenses, la red empleaba tácticas engañosas para defraudar principalmente a ciudadanos de Estados Unidos, en su mayoría adultos mayores, mediante la venta o reventa falsa de propiedades vacacionales. Las sanciones forman parte de una estrategia más amplia para debilitar las fuentes de financiamiento del CJNG, considerado una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de México.

Modus operandi del fraude

De acuerdo con el Departamento del Tesoro, las empresas sancionadas operaban centros de llamadas donde los trabajadores se hacían pasar por agentes inmobiliarios, abogados o funcionarios de agencias gubernamentales. Utilizando bases de datos con información personal de sus víctimas, ofrecían supuestas oportunidades de venta, renta o cancelación de contratos de tiempo compartido, a cambio de pagos por adelantado para cubrir gastos administrativos, impuestos o seguros ficticios.

Las autoridades estiman que el esquema generó pérdidas de cientos de millones de dólares entre 2019 y 2023. Los fondos obtenidos no solo enriquecían a los operadores del fraude, sino que también se canalizaban para financiar actividades criminales del CJNG, incluyendo la compra de armas, el pago de sobornos y la logística para el tráfico de drogas.

Alcance de las sanciones

Las sanciones afectan tanto a las personas físicas como a las empresas implicadas, bloqueando cualquier activo que mantengan en bancos estadounidenses y restringiendo su acceso al sistema financiero internacional. Además, cualquier entidad que colabore con los sancionados podría ser objeto de medidas similares.

El gobierno de Estados Unidos también alertó a potenciales víctimas sobre la existencia de estos esquemas fraudulentos y exhortó a los consumidores a verificar la legitimidad de las ofertas de tiempos compartidos antes de realizar pagos o entregar información personal.

Implicaciones en la relación bilateral

La designación de estas empresas y personas como parte de la red financiera del CJNG se enmarca en los esfuerzos conjuntos de México y Estados Unidos para combatir el crimen organizado transnacional. No obstante, el señalamiento directo de negocios mexicanos podría generar tensiones comerciales y diplomáticas, especialmente si se demuestra que algunos de ellos operaban de forma pública sin intervención oportuna de las autoridades locales.

Analistas señalan que la cooperación bilateral en materia de inteligencia financiera es esencial para rastrear y desmantelar las estructuras económicas de los cárteles. Sin embargo, advierten que las sanciones, aunque efectivas para cortar el acceso a recursos, deben acompañarse de investigaciones judiciales sólidas en México para asegurar que los responsables enfrenten consecuencias legales dentro del país.

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