Presentación del informe
El Departamento de Estado de Estados Unidos publicó su informe anual sobre la situación de los derechos humanos en México, en el que identifica al narcotráfico y la impunidad como los desafíos más graves y persistentes para el Estado mexicano. El documento, presentado en agosto de 2025, analiza indicadores de seguridad, justicia y respeto a las garantías fundamentales, basándose en datos oficiales, reportes de organismos internacionales y testimonios de organizaciones civiles.
Narcotráfico: una amenaza persistente
El informe subraya que las organizaciones criminales continúan ejerciendo un control territorial significativo en varias regiones del país, donde establecen sistemas paralelos de autoridad y economía. Esta influencia se manifiesta no solo en la producción y tráfico de drogas —particularmente metanfetaminas y fentanilo—, sino también en delitos conexos como la extorsión, el secuestro y el tráfico de personas.
Asimismo, el documento advierte que los cárteles han diversificado sus operaciones, incluyendo actividades ilícitas en el ciberespacio y el uso de armas de alto poder. Estas capacidades representan un riesgo constante para la seguridad pública y la estabilidad institucional.
Impunidad y debilidad institucional
Uno de los hallazgos más contundentes del informe es la persistencia de altos niveles de impunidad. Según las estimaciones recogidas, más del 90 % de los delitos denunciados no llegan a sentencia condenatoria. Las causas identificadas incluyen la falta de recursos en ministerios públicos, deficiencias en la capacitación de policías y peritos, corrupción en los órganos de procuración de justicia y amenazas contra funcionarios judiciales.
El informe también alerta sobre la insuficiente protección a periodistas y defensores de derechos humanos, quienes continúan enfrentando agresiones, hostigamiento y, en algunos casos, asesinatos, sin que se logre castigar a los responsables.
Violaciones graves a derechos humanos
Además de la impunidad, el reporte detalla la persistencia de desapariciones forzadas, torturas, detenciones arbitrarias y ejecuciones extrajudiciales. Señala que, si bien el gobierno ha tomado medidas para prevenir y sancionar estas prácticas, los avances son limitados y desiguales entre las entidades federativas.
Casos emblemáticos de desapariciones y masacres siguen sin resolverse, lo que —según el documento— alimenta la desconfianza ciudadana en las instituciones encargadas de garantizar la justicia.
Recomendaciones de EE. UU.
El Departamento de Estado propone reforzar los mecanismos de investigación criminal, garantizar la independencia judicial y ampliar la protección a víctimas y testigos. También sugiere implementar políticas de seguridad pública basadas en evidencia, con especial atención a la prevención social de la violencia y el fortalecimiento de la policía de proximidad.
En materia de cooperación bilateral, el informe indica que Estados Unidos continuará apoyando a México en el combate al narcotráfico y en el fortalecimiento institucional, aunque subraya que los cambios estructurales deben ser impulsados desde el propio gobierno mexicano.
Respuesta del gobierno mexicano
La Secretaría de Relaciones Exteriores expresó que respeta las observaciones del informe, pero señaló que la evaluación no siempre refleja los avances recientes en materia de seguridad y justicia. El gobierno federal reiteró que el combate a la impunidad y al crimen organizado es una prioridad de Estado, y que se están implementando reformas judiciales y policiales para revertir las tendencias negativas.
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