La Fiscalía General de la República (FGR) ha iniciado una investigación contra dos jueces federales que otorgaron suspensiones contra la reforma judicial promovida por el gobierno de México. Esta medida ha generado una fuerte polémica, ya que se percibe como un intento de presión sobre el Poder Judicial, en un contexto donde la independencia de los jueces ha sido un tema recurrente de debate.

La reforma judicial, impulsada por la actual administración, busca transformar el sistema de justicia en el país, incluyendo cambios en la elección de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Uno de los puntos más controversiales es la propuesta de que estos sean elegidos por voto popular, una iniciativa que ha sido criticada por diversos sectores al considerar que politizaría al Poder Judicial y debilitaría su autonomía.

Los jueces bajo investigación concedieron amparos que suspendían la aplicación de ciertas disposiciones de la reforma, argumentando que estas podrían vulnerar la Constitución y los principios de imparcialidad judicial. Sin embargo, el gobierno ha señalado que estos fallos obstaculizan un proceso de transformación necesario y que los jueces deben rendir cuentas ante posibles actos de abuso de poder o corrupción.

Las reacciones ante la investigación de la FGR han sido diversas. Por un lado, el gobierno y algunos legisladores afines han defendido la acción, asegurando que se trata de garantizar que los jueces actúen con transparencia y sin sesgos ideológicos. Por otro lado, diversos sectores de la sociedad civil, organismos internacionales y miembros del Poder Judicial han manifestado su preocupación, advirtiendo que esta investigación podría interpretarse como un intento de intimidación contra jueces que toman decisiones independientes.

En este contexto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado la importancia de la autonomía judicial y ha señalado que cualquier intento de presión sobre los jueces debe ser motivo de alerta para el Estado de derecho en México. Mientras tanto, expertos en derecho han advertido que la intromisión del Ejecutivo en asuntos judiciales podría debilitar la separación de poderes y generar incertidumbre en el sistema legal del país.

La investigación de la FGR sigue en curso y aún no se han dado a conocer detalles sobre posibles sanciones o consecuencias para los jueces involucrados. No obstante, este caso se suma a una serie de tensiones entre el Poder Ejecutivo y el Judicial, en un momento crucial para la implementación de la reforma judicial y su impacto en la justicia mexicana.

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