La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una carpeta de investigación tras el asesinato de Ernesto Cuitláhuac Vázquez Reyna, delegado en Tamaulipas, quien murió el lunes 4 de agosto en un ataque armado en Reynosa. El crimen ha sido calificado como un atentado directo y de alto poder destructivo, presuntamente vinculado a recientes operativos contra el robo de combustible.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 18:26 horas, cuando el funcionario transitaba sobre el bulevar Miguel Hidalgo. De acuerdo con los primeros reportes, un grupo armado lo emboscó utilizando una camioneta desde la cual lanzaron una granada contra su vehículo, seguido por disparos de armas largas. La unidad oficial quedó envuelta en llamas, mientras que el cuerpo del delegado fue arrastrado fuera del vehículo tras ser ejecutado a corta distancia. La crudeza del ataque ha sido considerada una muestra de la capacidad de violencia de los grupos criminales en la región.

Elementos de la Guardia Estatal localizaron poco después la camioneta utilizada por los agresores, una Ford Explorer blanca, la cual fue abandonada a escasos metros del lugar del ataque. El vehículo se encuentra bajo análisis forense para la obtención de huellas, rastros de ADN y otros indicios que permitan identificar a los responsables.

La FGR sostiene como hipótesis principal que el asesinato de Vázquez Reyna fue una represalia del crimen organizado por un reciente operativo que logró el aseguramiento de más de un millón ochocientos mil litros de combustible ilegal. En esa operación, realizada en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, también se incautaron tractocamiones, motobombas, contenedores industriales y equipo especializado para el trasiego y almacenamiento de hidrocarburos. Las autoridades estiman que se trató de uno de los mayores golpes logísticos contra las redes del huachicol en los últimos años.

El crimen ha generado una fuerte reacción institucional. La presidenta Claudia Sheinbaum condenó los hechos en su conferencia matutina y expresó su respaldo a la familia del funcionario asesinado. Asimismo, instruyó al Gabinete de Seguridad a brindar todo el apoyo necesario a la Fiscalía para esclarecer el caso. El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal, también repudió el asesinato y aseguró que su administración trabajará de forma coordinada con la federación para dar con los responsables.

Ernesto Vázquez Reyna había asumido como delegado estatal de la FGR en diciembre de 2019. Su gestión se caracterizó por una ofensiva legal contra estructuras delictivas asociadas al tráfico de hidrocarburos, extorsión y secuestro. Su papel en las investigaciones recientes lo convirtió en una figura de alto perfil dentro de la estrategia federal de combate al crimen organizado en la región noreste del país.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha reforzado los patrullajes en Reynosa y sus alrededores, mientras que la Guardia Nacional y el Ejército han instalado filtros de revisión en los principales accesos carreteros. Se busca evitar una nueva oleada de violencia y facilitar las labores de inteligencia que permitan ubicar a los autores materiales e intelectuales del crimen.

El asesinato también reabre el debate sobre la seguridad de los funcionarios encargados de combatir actividades del crimen organizado. Fuentes de la FGR confirmaron que Vázquez Reyna no contaba con escoltas al momento del ataque, pese a desempeñarse en una de las entidades con mayor presencia delictiva. El hecho ha encendido alarmas sobre la necesidad de fortalecer los protocolos de protección para agentes ministeriales, delegados y jueces federales que operan en contextos de alto riesgo.

Organizaciones civiles como Causa en Común y México Evalúa han exigido al gobierno garantizar condiciones mínimas de seguridad para quienes enfrentan estructuras criminales complejas. También han advertido que los asesinatos de servidores públicos generan un efecto intimidatorio que debilita la capacidad del Estado para hacer valer el estado de derecho.

En lo que va del año, más de 80 funcionarios públicos, incluyendo policías municipales, fiscales locales y exalcaldes, han sido asesinados en distintos puntos del país. El caso de Vázquez Reyna es, sin embargo, uno de los más emblemáticos por su alta exposición mediática, la brutalidad del ataque y la relevancia de su cargo dentro del esquema de justicia federal.

La FGR ha reiterado su compromiso de llevar a cabo una investigación exhaustiva, sin descartar ninguna línea, y con el objetivo de hacer justicia sin concesiones. La familia del delegado ha recibido acompañamiento institucional y protección temporal ante posibles riesgos adicionales. Por ahora, la principal prioridad es identificar al grupo criminal detrás del ataque, así como sus redes de protección y financiamiento.

El asesinato de Ernesto Vázquez Reyna deja un mensaje preocupante sobre la capacidad de fuego y organización de las estructuras criminales involucradas en el robo de combustible. También subraya los desafíos persistentes para el Estado mexicano en su intento por imponer la ley en regiones dominadas por economías ilegales y prácticas de violencia extrema. En este contexto, la respuesta institucional —en términos de investigación, protección y control territorial— será clave para recuperar la confianza pública y frenar la escalada delictiva en el noreste del país.

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