Una red compleja y multimillonaria

La Fiscalía General de la República (FGR) ha revelado la existencia de una compleja red de extracción y venta ilegal de combustible, protegida presuntamente por funcionarios públicos en distintos niveles de gobierno. Este hallazgo se enmarca dentro de una operación de gran escala que culminó con la detención de 32 personas vinculadas al llamado grupo de “Don Checo”, uno de los principales operadores de huachicol en el centro del país.

Las investigaciones, que involucraron a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Guardia Nacional y la Unidad de Inteligencia Financiera, apuntan a una red criminal que operaba de forma sistemática en Ciudad de México, Estado de México, Querétaro, Hidalgo y Veracruz. Las autoridades incautaron vehículos, armamento, dinero en efectivo, animales exóticos, documentación falsa, así como una refinería clandestina plenamente funcional.

Este caso no solo exhibe la magnitud del robo de hidrocarburos en México, sino también su íntima relación con estructuras institucionales que lo permiten y lo encubren.

“Don Checo”: liderazgo y expansión territorial

Cirio Sergio Rebollo Mendoza, conocido como “Don Checo”, habría sido el cerebro detrás de una operación que combinaba tecnología, logística empresarial y complicidad gubernamental. Su estructura contaba con operadores financieros, ingenieros encargados de las tomas clandestinas, conductores especializados en evadir retenes y encargados de blanquear el dinero. Se estima que su red generaba ingresos mensuales por arriba de los 150 millones de pesos mediante el robo, almacenamiento y distribución ilegal de combustibles.

Junto con su socio Luis Miguel Ortega Maldonado, alias “El Flaco de Oro”, Don Checo organizó una cadena que comenzaba en los ductos perforados de Pemex y terminaba en gasolineras aparentemente legales, estaciones móviles y venta directa a industrias con consumo elevado de diésel.

La sofisticación de su modelo ha sido descrita por las autoridades como “casi empresarial”, debido a que imitaba procesos de comercialización legítimos para evadir controles fiscales y financieros. Parte del combustible era trasladado en pipas que simulaban cumplir con normativas de transporte energético, mientras el resto era almacenado en predios rurales o instalaciones disfrazadas de bodegas agrícolas.

Funcionarios en la mira

Uno de los aspectos más alarmantes del caso es la confirmación de que funcionarios públicos podrían haber brindado protección directa a la red. Claudia Sheinbaum, presidenta de México, afirmó públicamente que la investigación incluye a servidores públicos de diferentes niveles, desde mandos intermedios hasta figuras con facultades regulatorias. “Es imposible que una red de esta magnitud operara sin apoyo institucional”, declaró.

Entre las sospechas más graves se encuentran omisiones deliberadas en inspecciones, entrega de licencias irregulares para estaciones de servicio, filtración de rutas de patrullaje y manipulación de registros oficiales. Aún no se ha revelado cuántos servidores públicos están formalmente implicados, pero se anticipa que habrá detenciones en los próximos meses.

El caso ha encendido alarmas en organismos de fiscalización como el SAT y la CRE (Comisión Reguladora de Energía), que podrían estar involucrados por omisión o negligencia en la supervisión del sector. De confirmarse la participación de funcionarios, el golpe a la credibilidad institucional sería profundo.

Robo de combustibles: una industria paralela

Desde 2018, el gobierno federal ha sostenido una guerra frontal contra el huachicoleo. No obstante, los resultados han sido mixtos. Mientras que las tomas clandestinas disminuyeron durante los primeros años del sexenio anterior, en 2023 y 2024 los reportes de Pemex volvieron a crecer de forma sostenida. Solo en el primer trimestre de 2025, se reportaron pérdidas superiores a 5,400 millones de pesos por robo de hidrocarburos.

El caso “Don Checo” revela que las organizaciones criminales han refinado su operación, sustituyendo la violencia tradicional por métodos encubiertos, redes financieras paralelas y corrupción administrativa. En muchos casos, el robo de combustible no implica enfrentamientos ni persecuciones, sino acuerdos silenciosos con funcionarios que otorgan impunidad a cambio de una cuota.

Además del daño económico a Pemex, el huachicol genera afectaciones ambientales severas, inseguridad para comunidades cercanas a los ductos, y competencia desleal para empresarios que sí cumplen con los requerimientos legales. Esta economía paralela desarticula cualquier política energética de largo plazo.

Nuevas medidas y expectativas

Ante la magnitud del operativo, el gobierno federal ha prometido una ofensiva más amplia. Se contemplan reformas adicionales para facilitar la extinción de dominio de los bienes asegurados, mayor fiscalización de estaciones de servicio y rastreo digital de la cadena de suministro de combustibles. El objetivo es desarticular no solo la operación clandestina, sino también los canales de blanqueo y venta.

También se reforzarán los procesos internos en dependencias como Pemex Logística, CRE y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), con auditorías más agresivas y la revisión de contratos otorgados en los últimos tres años.

La participación de organismos como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha sido clave para el desmantelamiento inicial, pero ahora el desafío es procesar judicialmente a los responsables, garantizar la reparación del daño y sentar precedentes de cero tolerancia.

Conclusiones

La caída de la red de “Don Checo” podría marcar un parteaguas en la lucha contra el huachicol en México. La combinación de decomisos históricos, detenciones de alto perfil y la apertura de investigaciones contra funcionarios es inédita en los últimos años. Sin embargo, el éxito del operativo dependerá de que las instituciones logren traducir estos golpes en sentencias firmes, transparencia procesal y vigilancia constante.

En un país donde el robo de combustibles ha evolucionado hacia estructuras casi empresariales, el verdadero desafío es cerrar los caminos de la complicidad institucional. El mensaje de que nadie está por encima de la ley debe consolidarse no solo con espectáculos mediáticos, sino con justicia efectiva.

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