La ofensiva financiera contra el crimen organizado
La Fiscalía General de la República (FGR) promovió una demanda de extinción de dominio por un monto de 1,595 millones de pesos contra bienes y recursos presuntamente vinculados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en lo que representa una de las acciones financieras más grandes emprendidas por el Estado mexicano contra una organización criminal en los últimos años.
La demanda fue presentada ante un juez especializado en materia civil y tiene como objetivo que el Estado recupere recursos que, de acuerdo con las investigaciones, habrían sido obtenidos a través de operaciones de lavado de dinero, uso de empresas fachada y triangulación de recursos provenientes de actividades ilícitas, principalmente el narcotráfico.
Esta acción se inscribe en una estrategia que busca debilitar a los grupos criminales no solo mediante operativos de seguridad, sino atacando directamente su estructura financiera, considerada una de las principales fuentes de poder del CJNG.
Qué implica la extinción de dominio
La extinción de dominio es un procedimiento de carácter civil que permite al Estado quedarse con bienes relacionados con actividades ilícitas, sin necesidad de una sentencia penal previa. Esto significa que los activos pueden pasar a manos del gobierno aun cuando no exista una condena definitiva contra los presuntos responsables.
En este caso, la FGR busca la pérdida de derechos sobre cuentas bancarias, recursos financieros, inmuebles y posiblemente empresas vinculadas a personas físicas y morales relacionadas con el CJNG. El monto de 1,595 millones de pesos coloca esta acción entre las más cuantiosas desde la entrada en vigor del actual marco legal en la materia.
De prosperar la demanda, los recursos recuperados podrían ser destinados a programas de seguridad, procuración de justicia o reparación del daño, conforme a lo establecido por la ley.
El CJNG y su poder económico
El Cártel Jalisco Nueva Generación es considerado uno de los grupos criminales más poderosos y violentos de México. Además de su presencia territorial y capacidad armada, su fortaleza radica en una compleja red financiera que incluye empresas legales, prestanombres y esquemas de lavado de dinero tanto dentro como fuera del país.
Las autoridades han señalado en múltiples ocasiones que el CJNG ha logrado diversificar sus fuentes de ingresos, lo que le ha permitido sostener su expansión y resistir los golpes operativos. Por ello, el ataque a sus finanzas es visto como un componente clave para debilitar su capacidad de operación a mediano y largo plazo.
La demanda de extinción de dominio presentada por la FGR apunta precisamente a desmontar parte de esa infraestructura económica que sostiene al grupo criminal.
Alcance y relevancia del caso
El monto reclamado —1,595 millones de pesos— es significativo no solo por su tamaño, sino porque supera con creces otras acciones similares realizadas en años recientes. Esto refleja un cambio en la escala de las investigaciones financieras contra el crimen organizado y una mayor coordinación entre áreas de inteligencia, fiscales y autoridades judiciales.
Especialistas han señalado que este tipo de procedimientos envía un mensaje claro: el Estado busca que el crimen organizado pierda los beneficios económicos derivados de sus actividades, más allá de las detenciones o decomisos tradicionales.
Sin embargo, también advierten que estos procesos suelen ser largos y complejos, ya que las defensas legales suelen impugnar el origen de los bienes y la validez de las pruebas presentadas por la Fiscalía.
Implicaciones legales y próximos pasos
El juez deberá analizar los elementos presentados por la FGR para determinar si procede la extinción de dominio sobre los bienes señalados. En caso de que los demandados logren acreditar el origen lícito de los recursos, estos podrían ser restituidos; de lo contrario, pasarían de manera definitiva al Estado mexicano.
Más allá del resultado judicial, el caso marca un precedente importante en la estrategia contra el crimen organizado, al priorizar el golpe económico como herramienta central de combate.
La resolución de este proceso será observada de cerca tanto por autoridades nacionales como por organismos internacionales, dado el papel del CJNG en el tráfico de drogas y otras actividades ilícitas a nivel regional.
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