Contexto del siniestro y antecedentes

El 27 de marzo de 2023 ocurrió un incendio en la estación migratoria “Lerdo” de Ciudad Juárez, Chihuahua, dentro de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM). En ese siniestro, 40 personas migrantes perdieron la vida y alrededor de 27 resultaron lesionadas.

Se trataba de migrantes varones que estaban detenidos al interior del centro de detención cuando se desató el fuego. Se ha documentado que estaban encerrados sin salida rápida, lo que agravó las consecuencias del incendio.

Tras la tragedia, se iniciaron investigaciones y procesos legales para determinar responsabilidades. Uno de los imputados fue Francisco Garduño Yáñez, quien entonces estaba al frente del INM. Se le vinculó a proceso penal por el delito de ejercicio indebido del servicio público, bajo el argumento de que existieron omisiones graves de su parte en la supervisión y operación de la estación migratoria, así como fallas en medidas de protección civil.

Garduño autorizó abandonar su cargo como comisionado del INM el 30 de abril de 2025, sin antes haber ofrecido la disculpa pública ordenada por el juez.

La disculpa pública como condición judicial

Para poder obtener la suspensión condicional del proceso penal, el juez a cargo impuso una serie de obligaciones que Garduño debía cumplir. Entre ellas:

• Ofrecer una disculpa pública a las familias de los fallecidos y a los sobrevivientes del incendio.
• Residir en el domicilio que declaró ante el juzgado.
• Supervisar fideicomisos de reparación del daño, que contemplan atención médica, psicológica y tanatológica para las víctimas.
• Entregar cheques pendientes a las víctimas en presencia de sus representantes legales, dentro de ciertos plazos.
• Tomar cursos de capacitación en derechos humanos y protección civil, y entregar constancias al juzgado.
• Realizar visitas trimestrales a centros de detención migratoria para verificar condiciones de seguridad, prevención de riesgos y respeto a derechos humanos, con reportes al juez.

Si cumple con estos compromisos, el proceso podría cerrarse sin sentencia condenatoria formal (una especie de “acuerdo” judicial).

Cabe destacar que esta disculpa pública se ha reprogramado varias veces. Fue fijada inicialmente para enero de 2025, luego para abril, después para mayo, pero no se realizó en esas fechas por distintos impedimentos y renegociaciones legales.

La versión más reciente indica que el acto está programado para el viernes 26 de septiembre de 2025, en el Museo de la Ciudad de México, alrededor de las 16:00 horas, con transmisión remota para quienes no puedan asistir presencialmente.

Se trata de la cuarta ocasión en que se fija fecha para este acto, lo que ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos y familiares de las víctimas por retrasos y dilaciones.

Qué implicaciones tiene la disculpa y las reacciones

Para las víctimas y sus familiares

Para los deudos y sobrevivientes, el acto de disculpa pública representa un reconocimiento institucional del error, una forma simbólica de reparación moral. Muchos han demandado que esta disculpa no quede en mera formalidad, sino que vaya acompañada de acciones veraces de rendición de cuentas, reformas estructurales en el sistema migratorio, mejor equipamiento en estaciones y protocolos que eviten que tragedias similares se repitan.

Sin embargo, algunas familias han expresado desconfianza, señalando que la dilación sistemática de la ceremonia reflejaría un trato preferencial para Garduño y falta de voluntad política. Organizaciones civiles han cuestionado que el excomisionado saliera del cargo sin haber cumplido con la disculpa ordenada.

Para la justicia y la institucionalidad

Si el acto se concreta correctamente y las demás condiciones se cumplen, Garduño podría quedar exonerado de cargos mediante la suspensión condicional del proceso, lo que equivaldría a que legalmente no haya condena efectiva. Esto es controversial, pues muchos demandan que haya sanciones más firmes para responsables de violaciones graves de derechos humanos.

Asimismo, el caso llama la atención sobre la responsabilidad institucional en estaciones migratorias y centros de detención. Identifica lagunas en protocolos de protección civil, la supervisión interna de autoridades migratorias y los mecanismos de rendición de cuentas frente a calamidades.

Repercusiones políticas y simbólicas

En el ámbito político, este acto ocurre en un contexto donde el gobierno federal —ahora encabezado por Claudia Sheinbaum— ha puesto énfasis en la dignidad, derechos humanos y reparación. Que la disculpa se realice (o no) será un símbolo del compromiso real con esos valores.

Además, la administración anterior del INM bajo Garduño fue marcada por múltiples denuncias, quejas ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, uso excesivo de fuerza y falta de transparencia. Su permanencia a pesar de la tragedia de Ciudad Juárez fue interpretada por algunos como síntoma de impunidad institucional.

La ceremonia en Ciudad de México —tan alejada del lugar original donde ocurrió la tragedia— también ha sido objeto de críticas, pues los familiares consideran que debería realizarse en Ciudad Juárez.

Críticas y riesgos que rodean el acto

• Retraso continuado: Este será el cuarto intento de fecha para la disculpa pública, lo que ha generado inflado de expectativas y desconfianza.
• Evento simbólico vs. contenido real: Una disculpa sin acompañamiento de medidas concretas de reforma institucional podría quedar en un acto cosmético.
• Ubicación del acto: Hacerlo en CDMX y no en Ciudad Juárez ha sido cuestionado por desplazamiento injustificado de víctimas.
• Cumplimiento de condiciones: La responsabilidad recae en que Garduño efectivamente cumpla las demás obligaciones (capacitación, supervisiones, entrega de cheques, etc.) para que la suspensión de proceso proceda.
• Percepción social e impunidad: Si se percibe que un alto funcionario evita sanciones reales, puede reforzar la percepción de impunidad en casos graves de derechos humanos.

Panorama a futuro

Si Garduño cumple con el acto y los otros requisitos, podría obtener la suspensión definitiva del proceso, lo que legalmente significaría que no enfrentaría condena formal por los cargos relacionados con el incendio en Ciudad Juárez.

Sin embargo, este desenlace dependerá de que el juez valide el cumplimiento íntegro y satisfactorio de los compromisos acordados. Las organizaciones de víctimas estarán vigilantes de que no haya “lagunas” legales ni tecnicismos que permitan evadir responsabilidad.

Adicionalmente, el caso podría abrir una discusión más amplia sobre la política migratoria en México, la regulación de las estaciones migratorias, protocolos de prevención de riesgos, supervisión y transparencia, para evitar que tragedias como la de Ciudad Juárez vuelvan a suceder.

Finalmente, la realización del acto —si no se posterga nuevamente— representará un punto simbólico en la relación entre migrantes, derechos humanos y Estado, que deberá evaluarse no solo por lo que se dice ese día, sino por lo que venga después en acciones institucionales.

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