Una práctica transexenal que persiste en México
Durante las últimas dos décadas, el gobierno federal mexicano ha otorgado más de 11 mil 492 millones de pesos en contratos a empresas fantasma, también conocidas como Empresas que Facturan Operaciones Simuladas (EFOS). Estas compañías, que carecen de operaciones reales, infraestructura o personal, han sido beneficiadas con recursos públicos en los sexenios de Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.
Una investigación reveló que, entre 2002 y 2022, se firmaron 3,529 contratos con 834 EFOS. Estas empresas operaron en promedio 8.1 años antes de ser detectadas, y muchas fueron contratadas en su primer o segundo año de existencia. Incluso, algunas lograron mantenerse activas tras escándalos de corrupción o cambios de sexenio.
Mecanismos de desvío de recursos
Las EFOS han sido utilizadas para simular servicios y obras, o ejecutar proyectos a sobrecosto o con deficiencias. En muchos casos, estas empresas no contaban con la capacidad operativa ni los recursos para cumplir con los servicios que prometían. Sin embargo, accedieron a grandes sumas de recursos públicos, equivalentes a 1.5 millones de pesos diarios a lo largo de 20 años.
Además, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) dejó de cobrar 7,239 millones de pesos en impuestos a estas mismas empresas, debido a cancelaciones o condonaciones de adeudos fiscales.
Casos emblemáticos
Uno de los casos más notorios es el de “La Estafa Maestra”, una investigación periodística que reveló cómo 11 dependencias federales y ocho universidades públicas desviaron más de 7,700 millones de pesos mediante contratos con empresas fantasma. Estas instituciones firmaban convenios con universidades para realizar servicios que no se ejecutaban, y las universidades, a su vez, subcontrataban a empresas fantasma. Entre los personajes señalados estuvieron Rosario Robles, entonces secretaria de Desarrollo Social, y Luis Videgaray, exsecretario de Hacienda.
Otro caso relevante es el del gobierno de Javier Duarte en Veracruz, donde se entregaron 643 millones de pesos a 19 empresas fantasma cuyos propietarios también estaban detrás de ASISMEX, una empresa que financió ilegalmente la campaña presidencial del PRI en 2012. Estas empresas recibieron recursos públicos sin contratos de por medio y los transferían a otras compañías para perder el rastro del dinero.
Implicaciones y falta de sanciones
A pesar de la magnitud de estos desvíos, las consecuencias legales han sido mínimas. Pocas sanciones y menos denuncias han sido presentadas, lo que evidencia una falta de voluntad política para combatir este fenómeno transexenal. La persistencia de estas prácticas refleja deficiencias estructurales en los mecanismos de control del gasto público y una cultura de impunidad que permite la repetición de estos actos de corrupción.
Conclusión
La utilización de empresas fantasma para desviar recursos públicos es una práctica que ha permeado diversas administraciones en México, sin importar el partido político en el poder. La falta de consecuencias reales para los responsables y la continuidad de estos mecanismos de corrupción subrayan la necesidad urgente de fortalecer los sistemas de fiscalización y rendición de cuentas en el país.
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