Un subejercicio que prende alertas en el sector tecnológico

El gobierno federal ha ejercido únicamente el 47% del presupuesto destinado a Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para 2025, una cifra que representa uno de los niveles más bajos de ejecución en los últimos años. Este subejercicio no solo frena la modernización digital del sector público, sino que también afecta directamente a proveedores, proyectos de innovación y servicios que dependen de la inversión tecnológica gubernamental.

La reducción de gasto ocurre en un contexto donde la transformación digital es esencial para la eficiencia administrativa, seguridad informática y continuidad operativa de múltiples dependencias. Sin embargo, el ritmo de ejecución del presupuesto sugiere retrasos en contrataciones, replanteamientos de proyectos y dificultades logísticas para desplegar nuevas soluciones tecnológicas.

Reducción presupuestal y sus efectos inmediatos

Además del bajo nivel de ejecución, el presupuesto asignado a TIC para 2025 sufrió una reducción del 23% respecto al año anterior, recortando fondos para modernización de sistemas, infraestructura de telecomunicaciones, software de gestión y plataformas de datos.

Este doble golpe —menos recursos y menor ejecución— crea un escenario de incertidumbre para el ecosistema digital del Estado, que ya enfrentaba retos relacionados con ciberseguridad, interoperabilidad, automatización y actualización de sistemas críticos.

La reducción no solo afecta la compra de equipo, sino programas esenciales que sostienen el funcionamiento de dependencias federales, como licencias, mantenimiento de sistemas, protección de servidores y plataformas de identidad digital.

Sectores TIC más afectados por el subejercicio

El impacto del gasto incompleto no es uniforme. Existen segmentos particularmente golpeados:

1. Software y plataformas digitales

Con apenas 10% del presupuesto ejercido, esta área es la más afectada. Los retrasos implican que sistemas gubernamentales esenciales no reciban actualizaciones, renovación de licencias ni mejoras de seguridad.

2. Equipo y hardware

Aunque muestra un avance mayor, del 46%, sigue siendo insuficiente para soportar la demanda de infraestructura que requieren dependencias con carga operativa creciente.

3. Telecomunicaciones

Con 52% ejercido, el sector muestra un avance moderado pero no óptimo. La falta de recursos limita la expansión de conectividad gubernamental y retrasa la modernización de redes institucionales.

Estos rezagos generan cuellos de botella en áreas como trámites digitales, servicios en línea, atención ciudadana y gestión de información.

Consecuencias para dependencias y usuarios

El subejercicio impacta directamente la capacidad del Estado para ofrecer servicios ágiles, seguros y modernos. Entre las consecuencias más relevantes se encuentran:

• Retrasos en proyectos de digitalización, como expedientes electrónicos, automatización de procesos y plataformas de atención ciudadana.
• Mayor vulnerabilidad ante ciberataques, debido a la falta de actualizaciones, mantenimiento y herramientas de protección.
• Pérdida de continuidad operativa, especialmente en dependencias que dependen de sistemas antiguos en riesgo de fallas.
• Presión sobre el personal técnico, que debe compensar la falta de infraestructura con soluciones improvisadas.
• Riesgos para la protección de datos personales, por sistemas sin mejoras en cifrado, monitoreo o respaldo.

La baja ejecución también afecta a instituciones que manejan servicios críticos, como salud, seguridad pública, finanzas y movilidad.

Impacto en los proveedores del sector tecnológico

Las empresas proveedoras de soluciones TIC dependen en gran medida del gasto público, especialmente aquellas que trabajan con infraestructura, desarrollo de software y servicios administrados. El subejercicio del presupuesto provoca:

• Menores ingresos para proveedores.
• Cancelación o aplazamiento de contratos ya planeados.
• Riesgos financieros para empresas medianas que dependen del ciclo de compras gubernamentales.
• Reducción en la capacidad de innovación del sector privado, que ajusta su producción ante la menor demanda estatal.

Este panorama afecta a toda la cadena de valor tecnológica, desde distribuidores hasta desarrolladores locales.

Un freno a la transformación digital del Estado

La modernización tecnológica del gobierno no es un lujo: es una necesidad operativa y de seguridad. Cuando el presupuesto TIC no se ejecuta, se retrasan procesos esenciales como:

• Integración de sistemas interconectados entre dependencias.
• Digitalización de trámites que facilitan la vida del ciudadano.
• Modernización de plataformas tributarias, aduanales y de recaudación.
• Monitoreo y análisis de datos para toma de decisiones.
• Consolidación de servicios públicos más eficientes y transparentes.

En un mundo donde la tecnología es clave para la competitividad global, México corre el riesgo de quedar rezagado en capacidades estatales y en la prestación de servicios digitales básicos.

Conclusiones

Ejercer solo el 47% del presupuesto en TIC es un golpe directo a la agenda tecnológica del país. La reducción de recursos y el lento avance en su aplicación limitan la capacidad del gobierno para modernizarse, proteger información sensible, fortalecer la infraestructura digital y ofrecer servicios eficientes a la población.

El Estado necesita una estrategia clara que garantice no solo la asignación adecuada de fondos, sino su ejecución oportuna. El rezago tecnológico no solo afecta al sector público: impacta la competitividad del país, la confianza ciudadana y la capacidad de respuesta frente a riesgos cada vez más complejos, como los ciberataques y la saturación operativa.

Si México aspira a un gobierno moderno, eficiente y seguro, deberá replantear de inmediato la manera en que administra, ejecuta y prioriza su inversión en tecnología.

Referencias

• Análisis sectoriales sobre gasto público en TIC y tendencias de modernización del Estado.
• Reportes sobre ejecución presupuestal en software, telecomunicaciones y hardware.
• Evaluaciones de impacto de la reducción del presupuesto tecnológico federal.

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