Balance oficial de la estrategia de seguridad
El Gabinete de Seguridad presentó su balance anual en materia de seguridad correspondiente a 2025, asegurando que el país registró una disminución significativa en los homicidios dolosos, uno de los delitos de mayor impacto social y político en México. De acuerdo con el reporte oficial, el promedio diario de asesinatos se redujo de manera sostenida a lo largo del año, alcanzando en diciembre su nivel más bajo en la última década.
Las autoridades atribuyeron esta reducción a la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad, que combina el despliegue de fuerzas federales, labores de inteligencia, coordinación con gobiernos estatales y acciones de contención en regiones consideradas prioritarias por su nivel de violencia.
Homicidios a la baja: el dato que el gobierno subraya
Durante la presentación, funcionarios federales destacaron que la reducción acumulada de homicidios representa una caída cercana al 40 % en comparación con los picos registrados en años anteriores, un dato que el gobierno ha convertido en uno de los principales argumentos para defender su política de seguridad.
El discurso oficial sostiene que el descenso es resultado de una mayor coordinación interinstitucional entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y fiscalías locales, así como de detenciones relevantes y decomisos de armas y drogas.
Sin embargo, analistas han advertido que, aunque el homicidio es un indicador clave, no refleja por sí solo el panorama completo de la violencia, y que otros delitos de alto impacto deben ser evaluados con el mismo nivel de detalle.
La extorsión, el delito que sigue creciendo
En contraste con la narrativa de reducción de homicidios, el propio gobierno reconoció que la extorsión continuó al alza durante 2025, consolidándose como uno de los delitos con mayor crecimiento en los últimos años. Este ilícito afecta principalmente a comerciantes, pequeñas y medianas empresas, transportistas y ciudadanos en zonas urbanas y rurales.
A diferencia del homicidio, la extorsión es un delito que suele estar subregistrado debido al miedo de las víctimas a denunciar, lo que complica su combate y dimensionamiento real. Aun así, las cifras oficiales confirman una tendencia ascendente que ha generado preocupación entre especialistas en seguridad y organizaciones empresariales.
El aumento de este delito ha sido señalado como evidencia de que los grupos criminales diversifican sus fuentes de ingreso, incluso en contextos donde la violencia letal disminuye.
Ausencia de cifras actualizadas sobre desaparecidos
Uno de los puntos más cuestionados del informe del Gabinete de Seguridad fue la falta de cifras actualizadas sobre personas desaparecidas, un fenómeno que continúa siendo una de las crisis humanitarias más graves del país. Aunque el tema fue mencionado de manera tangencial, no se presentaron datos recientes ni comparativos que permitieran evaluar avances o retrocesos en esta materia.
Colectivos de búsqueda y organizaciones civiles han insistido en que la desaparición forzada y la desaparición cometida por particulares no pueden quedar fuera del balance de seguridad, ya que afectan directamente a miles de familias y comunidades en todo el territorio nacional.
La ausencia de información detallada alimenta las críticas sobre una estrategia de comunicación que prioriza los indicadores favorables y minimiza aquellos que reflejan retos estructurales persistentes.
Debate entre percepción y cifras oficiales
El contraste entre la baja en homicidios y el aumento en extorsión ha reavivado el debate sobre la percepción de seguridad frente a las estadísticas oficiales. Mientras el gobierno destaca mejoras en los indicadores de violencia letal, amplios sectores de la población continúan reportando miedo, cobros ilegales y amenazas como parte de su vida cotidiana.
Especialistas señalan que la reducción de homicidios, aunque relevante, no necesariamente se traduce en una mejora inmediata en la calidad de vida, sobre todo cuando delitos como la extorsión, el secuestro o el robo con violencia permanecen activos.
Retos pendientes de la política de seguridad
El informe deja claro que la estrategia de seguridad enfrenta retos complejos y multidimensionales. Combatir la extorsión requiere no solo fuerza policial, sino también fortalecimiento de las fiscalías, protección a denunciantes y una presencia institucional efectiva en zonas controladas por el crimen organizado.
Además, la falta de información actualizada sobre desaparecidos plantea dudas sobre la capacidad del Estado para atender integralmente el problema de la violencia y responder a las demandas de verdad y justicia de las víctimas.
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