Contexto general

La entrada en vigor de la reforma judicial en México ha generado un intenso debate tanto dentro como fuera del país. El rediseño institucional, que contempla la elección de ministros, jueces y magistrados por voto popular, ha sido considerado por el gobierno como un avance democrático. Sin embargo, organismos internacionales como Human Rights Watch (HRW) han advertido que la medida podría socavar la independencia judicial y debilitar la separación de poderes.

Postura de Human Rights Watch

HRW señaló que la elección de jueces mediante procesos electorales no garantiza mayor transparencia ni confianza ciudadana. Al contrario, puede abrir la puerta a una politización del Poder Judicial, donde las decisiones se vean condicionadas por la popularidad, la presión política o incluso por la influencia de grupos económicos y mediáticos durante campañas electorales.
La organización advirtió que, bajo este esquema, la justicia mexicana corre el riesgo de convertirse en una extensión del poder político, en lugar de un contrapeso institucional.

Señalamientos sobre irregularidades electorales

Además de la crítica estructural, HRW denunció irregularidades en las elecciones judiciales realizadas el 1 de junio de 2025. Reportó deficiencias en la logística, baja participación ciudadana y falta de información suficiente para que los votantes pudieran evaluar a los candidatos.
La participación, que rondó apenas el 13%, refleja un desinterés ciudadano y una limitada legitimidad democrática, lo que en opinión de HRW pone en duda la representatividad real de los nuevos ministros y jueces.

Riesgos de un Poder Judicial leal al gobierno

El organismo internacional también manifestó preocupación por el hecho de que la mayoría de los candidatos electos pertenecían a la órbita del partido oficialista. Esta situación, señaló, podría derivar en un Poder Judicial leal al Ejecutivo, reduciendo su capacidad de actuar como un árbitro imparcial y garantista.
En este sentido, HRW recordó que la independencia judicial es un principio básico de los sistemas democráticos, y alertó que México podría retroceder décadas en materia de institucionalidad y protección de derechos humanos.

Opiniones de expertos nacionales e internacionales

Académicos, juristas y asociaciones de abogados en México han coincidido en la preocupación de HRW. Varios especialistas subrayan que la profesionalización de la carrera judicial no puede depender de elecciones, sino de méritos, formación y experiencia.
Asimismo, organismos como la ONU han emitido recomendaciones similares, advirtiendo que un esquema judicial basado en la popularidad puede conducir a resoluciones influenciadas por intereses políticos o electorales.

Reacciones del gobierno

Por su parte, la administración federal defendió la reforma judicial como un paso hacia la democratización de la justicia, argumentando que la elección directa de jueces y ministros brinda mayor legitimidad social. El gobierno también ha sostenido que la reforma permitirá erradicar viejas prácticas de corrupción en el Poder Judicial y acercará la impartición de justicia a la ciudadanía.
No obstante, estas explicaciones no han logrado disipar la desconfianza de la comunidad internacional ni de sectores críticos de la sociedad mexicana.

Conclusión

La advertencia de HRW sobre los riesgos de la reforma judicial en México pone de relieve la tensión entre la búsqueda de legitimidad democrática y la necesidad de preservar la independencia del Poder Judicial. Aunque el gobierno celebra la entrada en vigor de un nuevo modelo que, asegura, fortalecerá la justicia, los organismos internacionales alertan sobre el peligro de un sistema judicial subordinado al poder político. El futuro de la reforma dependerá en gran medida de cómo se ejerzan los nuevos cargos y de si logran garantizar imparcialidad en un contexto de polarización.

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