Un sistema de justicia penal cuestionado

El reciente informe de Human Rights Watch (HRW) expone con detalle las profundas fallas del sistema de justicia penal en México, describiéndolo como “extremadamente ineficaz”. Este reporte destaca que el país enfrenta una crisis prolongada en términos de seguridad y derechos humanos, agravada por la falta de avances en investigaciones de crímenes graves como desapariciones forzadas, tortura y ejecuciones extrajudiciales.

Desde 2006, cuando se intensificó la lucha contra el narcotráfico, las denuncias de abusos cometidos por fuerzas de seguridad han incrementado de manera alarmante. HRW señala que, en muchos casos, estas violaciones son sistemáticamente ignoradas o encubiertas por las autoridades, perpetuando un ciclo de impunidad. Según el informe, las fiscalías no investigan adecuadamente la mayoría de los delitos, lo que deja a las víctimas sin justicia y alienta la repetición de estas prácticas.

Desapariciones y tortura como prácticas habituales

En el apartado dedicado a desapariciones forzadas, HRW documenta casos en los que las autoridades mexicanas han participado directamente en la detención y posterior desaparición de personas. Estas acciones suelen estar relacionadas con operativos de seguridad que tienen como objetivo desarticular grupos criminales, pero que terminan afectando a personas inocentes. Según la organización, más de 110,000 personas han sido reportadas como desaparecidas en México desde 2006, y muchas de estas desapariciones implican colusión entre fuerzas del orden y grupos del crimen organizado.

La tortura también es una constante en el sistema de justicia mexicano. HRW describe cómo las confesiones obtenidas bajo tortura son presentadas como evidencia válida en los juicios, pese a las claras prohibiciones legales. Estas prácticas no solo violan los derechos humanos de los acusados, sino que también comprometen la credibilidad del sistema judicial en su conjunto.

Implicaciones para la reforma judicial

El informe llega en un momento crucial, cuando el Congreso mexicano discute reformas al sistema de justicia penal. HRW advierte que algunas de estas propuestas podrían empeorar la situación actual, ya que incluyen medidas que socavan derechos fundamentales, como el debido proceso y la presunción de inocencia. Entre las reformas más criticadas se encuentra la propuesta de ampliar los delitos que ameritan prisión preventiva automática, una medida que, según expertos, podría ser usada para justificar detenciones arbitrarias.

La organización insta a las autoridades mexicanas a priorizar una reforma que fortalezca la independencia judicial y garantice investigaciones imparciales. De no hacerlo, advierte HRW, México seguirá enfrentando críticas internacionales y verá comprometida su capacidad para proteger los derechos humanos de su población.

La respuesta del gobierno mexicano

Ante las acusaciones, el gobierno de México ha emitido un comunicado en el que asegura estar comprometido con el fortalecimiento del Estado de derecho. Sin embargo, organizaciones de la sociedad civil han señalado que los esfuerzos oficiales son insuficientes y carecen de un enfoque integral que permita combatir la corrupción y la impunidad de manera efectiva.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha afirmado en varias ocasiones que su administración está luchando contra las prácticas del pasado, pero los casos documentados por HRW sugieren que los patrones de abuso y violaciones de derechos humanos persisten bajo su gobierno.

Conclusiones

El informe de HRW pone de manifiesto la urgente necesidad de reformar el sistema de justicia penal en México. La persistencia de prácticas como la tortura y las desapariciones forzadas, así como la falta de investigaciones efectivas, no solo afectan a las víctimas directas, sino que también erosionan la confianza de la ciudadanía en las instituciones. Si el gobierno mexicano busca realmente consolidar un sistema de justicia eficiente y respetuoso de los derechos humanos, deberá tomar medidas concretas para garantizar la rendición de cuentas y la protección de las víctimas.

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