La medida busca promover hábitos saludables y reducir enfermedades, no incrementar la recaudación
La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que el único cambio fiscal contemplado para el año 2026 será el incremento del impuesto especial a las bebidas azucaradas. La decisión, explicó, tiene un objetivo de salud pública y no de recaudación, pues busca desalentar el consumo excesivo de azúcar entre la población mexicana.
Durante una conferencia desde Palacio Nacional, la mandataria subrayó que su gobierno no planea crear nuevos impuestos ni aumentar otros gravámenes. El enfoque, aseguró, será consolidar la política de “salud preventiva” y fortalecer el sistema público a través de incentivos y desincentivos fiscales. “El propósito no es recaudar más, sino que la gente consuma menos refresco y cuide su salud”, declaró.
Los detalles del ajuste fiscal
El incremento al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicará exclusivamente a las bebidas con alto contenido de azúcar. De acuerdo con fuentes del gabinete económico, el nuevo gravamen podría fijarse en poco más de tres pesos por litro, lo que representaría un aumento moderado respecto al impuesto actual.
Asimismo, se contempla un esquema diferenciado para productos con edulcorantes no calóricos, a fin de incentivar la reformulación de bebidas por parte de la industria. El gobierno ha señalado que las empresas que reduzcan el nivel de azúcar en sus productos podrían acceder a beneficios fiscales o menores cargas impositivas.
Representantes del sector refresquero han participado en mesas de diálogo con la Secretaría de Hacienda y la Secretaría de Salud para definir la ruta del ajuste. Según trascendió, las compañías se comprometieron a reformular parte de su catálogo y reducir progresivamente la concentración de azúcar en los próximos años.
Antecedentes y justificación de la medida
México es uno de los países con mayor consumo de bebidas azucaradas en el mundo, y las enfermedades derivadas de ese hábito —como la obesidad, la diabetes y los padecimientos cardiovasculares— representan un grave problema de salud pública. Según datos de la Secretaría de Salud, más del 70 % de los adultos mexicanos padecen sobrepeso u obesidad, y una de cada tres muertes en el país está relacionada con enfermedades metabólicas.
Desde 2014, cuando se implementó por primera vez el impuesto al refresco, se ha observado una reducción leve pero sostenida en el consumo de estas bebidas. Sin embargo, los índices de obesidad y diabetes siguen en niveles altos, lo que ha llevado al gobierno a reforzar la estrategia con nuevas medidas.
Sheinbaum ha insistido en que la política fiscal puede ser una herramienta para modificar hábitos de consumo y no únicamente una fuente de ingresos. “Cuando la salud se pone en el centro, la política económica debe acompañarla. Un impuesto puede salvar vidas”, sostuvo durante su intervención.
Repercusiones económicas y sociales
El aumento del impuesto genera posturas encontradas. Por un lado, organizaciones de salud y académicos en nutrición lo respaldan como una medida necesaria para combatir los altos índices de obesidad y enfermedades crónicas. Por otro, pequeños comerciantes y distribuidores de bebidas advierten que el alza puede reducir las ventas y afectar a las economías locales, especialmente en zonas rurales donde el refresco es un producto de consumo cotidiano.
Diversas cámaras empresariales han manifestado preocupación por el impacto en la cadena de valor. Aun así, el gobierno federal ha insistido en que el incremento será moderado y no pretende perjudicar al sector. Se prevé, además, que parte de los ingresos recaudados se destinen directamente al fortalecimiento del sistema de salud y a campañas de educación alimentaria.
Una política de salud, no de recaudación
El discurso oficial ha insistido en diferenciar este ajuste de una medida meramente fiscal. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, el IEPS a bebidas azucaradas podría generar ingresos adicionales, pero su finalidad principal es sanitaria. El dinero recaudado, se ha dicho, se invertirá en programas de atención primaria, en equipamiento médico para el sistema IMSS-Bienestar y en campañas de nutrición dirigidas a la población infantil.
La administración también planea acompañar el ajuste con acciones de regulación y etiquetado más estricto en alimentos ultraprocesados. El objetivo es reforzar el marco de prevención para reducir los factores de riesgo en enfermedades crónicas no transmisibles.
Comparaciones internacionales
Experiencias similares en otros países respaldan la eficacia de este tipo de impuestos. En Reino Unido, por ejemplo, la llamada “sugar tax” impulsó la reformulación del 60 % de las bebidas carbonatadas en menos de tres años. En Chile, un aumento similar en el impuesto redujo el consumo per cápita en más del 20 %.
México fue uno de los pioneros en aplicar este tipo de medidas en América Latina, y los organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, han reconocido la iniciativa como un ejemplo de política pública con impacto positivo. Sin embargo, también han advertido que el éxito depende de acompañar el impuesto con educación nutricional, acceso a agua potable y campañas de sensibilización.
Desafíos y perspectivas
Uno de los mayores retos será equilibrar la política de salud con la protección a la economía local. El gobierno deberá garantizar que los pequeños comercios no asuman la carga del impuesto y que los precios se ajusten de manera gradual. También será fundamental evitar que la medida se perciba como una imposición recaudatoria, lo que podría generar resistencia social.
Además, el monitoreo del destino de los recursos será clave. Organizaciones civiles han solicitado transparencia en el uso del dinero recaudado y la creación de un fondo etiquetado exclusivamente para programas de prevención y atención médica.
Conclusión
La decisión del gobierno de mantener la estabilidad fiscal y enfocar su único ajuste en un impuesto sanitario refleja una apuesta por la prevención antes que por la recaudación. Con esta medida, Claudia Sheinbaum consolida una política pública orientada a la salud, al mismo tiempo que busca mantener la confianza económica y social.
El desafío será demostrar que el impuesto no solo genera ingresos, sino que efectivamente contribuye a mejorar los hábitos de consumo y a reducir las enfermedades crónicas que más afectan a la población mexicana.
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