Una Mirada al Costo de la Violencia
En México, la violencia ha tenido un impacto económico significativo, valorado en 4.9 billones de pesos en 2021, lo que representa aproximadamente el 21% del Producto Interno Bruto (PIB) del país. Este costo abarca tanto los gastos directos del estado en seguridad y justicia, como las pérdidas económicas indirectas sufridas por los ciudadanos debido a la violencia.
Comparación Internacional y Desafíos de Inversión en Seguridad
Comparado con otras naciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), México muestra una inversión relativamente baja en seguridad y justicia, con apenas el 0.63% del PIB destinado a estos sectores en 2021, el porcentaje más bajo registrado entre los países latinoamericanos y miembros de la OCDE. A pesar de una reducción del gasto en seguridad pública y en el sistema judicial, el gasto militar mostró un aumento significativo, reflejando una mayor dependencia en las fuerzas armadas para la lucha contra la delincuencia organizada.
Condiciones de Seguridad y Efectos Sociales
Los homicidios en México disminuyeron más de 4% en 2021, sin embargo, el país aún enfrenta niveles históricamente altos de violencia, con más de 34,000 víctimas ese año. La violencia familiar y las agresiones sexuales han mostrado un incremento alarmante, con un aumento del 14% y 22% respectivamente en el último año evaluado.
Deterioro en la Seguridad Regional
Algunos estados han experimentado un deterioro significativo en su seguridad. Guanajuato, Baja California, Michoacán, Chihuahua, Jalisco y el Estado de México se encuentran entre los más afectados, con un aumento en los homicidios y delitos violentos relacionados en gran medida con la delincuencia organizada y la alta disponibilidad de armas de fuego.
Llamado a la Acción
El estudio subraya la necesidad de aumentar la confianza pública y la inversión en el sistema de justicia penal para combatir eficazmente la violencia. Además, enfatiza la importancia de entender las complejidades de la delincuencia organizada y de integrar estrategias que fortalezcan institucionalmente a las regiones más afectadas.
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