Medidas fiscales propuestas
El Paquete Económico 2026 plantea un endurecimiento en la política tributaria hacia sectores considerados de alto impacto social, como las apuestas en línea y los videojuegos con contenido violento. El gobierno busca no solo incrementar la recaudación, sino también desalentar prácticas que se consideran nocivas para la salud pública y el bienestar social.
La propuesta incluye elevar el impuesto especial aplicado a las casas de apuestas digitales, así como introducir un nuevo gravamen para la industria de los videojuegos violentos, tanto físicos como en formato digital. Ambas medidas responden a un enfoque de “impuestos con propósito social”.
Apuestas en línea: incremento del impuesto
Uno de los puntos más relevantes es la modificación del impuesto a las apuestas en línea, que pasará del 30 % actual al 50 %. La medida alcanzará a operadores nacionales e internacionales, con especial énfasis en plataformas extranjeras que operan en México sin registro ni permiso.
El gobierno estima que este incremento permitirá una recaudación considerable y reducirá la expansión de la ludopatía, un problema en crecimiento entre los jóvenes y sectores vulnerables. Además, se anunció un reforzamiento en los mecanismos de supervisión para garantizar que las empresas cumplan con la nueva obligación fiscal.
Videojuegos violentos: un nuevo IEPS
En paralelo, se propone aplicar un Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) del 8 % a los videojuegos que contengan violencia explícita. La medida abarcará tanto a productos físicos en tiendas como a descargas digitales, sin importar si las empresas tienen o no domicilio fiscal en México.
De acuerdo con Hacienda, la finalidad de este impuesto es doble: recaudar recursos adicionales y enviar una señal regulatoria frente al impacto cultural de los videojuegos violentos. Se prevé que la medida genere alrededor de 183 millones de pesos en ingresos durante 2026.
El gravamen se inserta dentro de la categoría de “impuestos saludables”, al igual que los aplicados al tabaco o las bebidas azucaradas, que buscan modificar hábitos de consumo.
Reacciones del sector y debate público
El anuncio ha generado un intenso debate. Las casas de apuestas argumentan que el incremento impositivo podría incentivar la operación clandestina de plataformas ilegales y afectar el empleo en el sector. Por su parte, la industria de los videojuegos ha manifestado preocupación por el impacto en consumidores y por la dificultad de clasificar objetivamente qué títulos serán considerados violentos.
En contraste, organizaciones civiles y especialistas en salud pública han respaldado la medida, señalando que los recursos obtenidos podrían destinarse a programas de prevención de adicciones y atención a jóvenes en situación de riesgo.
Implicaciones económicas y sociales
La propuesta fiscal tiene implicaciones directas en tres frentes:
- Recaudación pública: los ingresos adicionales reforzarían las finanzas del Estado y permitirían financiar programas prioritarios de salud y educación.
- Industria del entretenimiento: se anticipa un ajuste en precios de videojuegos y apuestas en línea, lo que podría impactar en el consumo y en la competitividad del sector.
- Dimensión social: el impuesto busca posicionar al Estado como un actor activo en la regulación de prácticas que afectan la convivencia social y el bienestar colectivo.
Marco legislativo
El incremento del impuesto a las apuestas y la creación del IEPS a videojuegos violentos forman parte de la Ley de Ingresos 2026, que será discutida en la Cámara de Diputados y revisada posteriormente en el Senado. El desenlace legislativo será clave para determinar si estas medidas se aplican en su totalidad o se introducen ajustes.
Conclusiones
El endurecimiento de la política fiscal hacia las apuestas en línea y los videojuegos violentos refleja la voluntad del gobierno de vincular la recaudación con objetivos sociales. Aunque el debate sobre los posibles efectos económicos y culturales seguirá abierto, las medidas buscan consolidar un modelo de tributación con impacto en la salud pública y en la regulación del entretenimiento digital. Su aprobación dependerá de las negociaciones políticas en el Congreso durante las próximas semanas.
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