Comunidades afectadas reclaman atención urgente
Las comunidades indígenas y afromexicanas en la región de la Costa Chica de Guerrero —en municipios como San Luis Acatlán, Marquelia y Ometepec— atraviesan una situación crítica tras el paso del huracán Erick. Vecinos han reportado graves daños: viviendas destruidas, estructuras colapsadas, carreteras parcialmente inaccesibles y pérdida total de cultivos, lo que agrava la vulnerabilidad de pobladores que dependen de la agricultura de subsistencia.
Más allá de los daños materiales, las familias del campo enfrentan carencia de agua potable, insumos básicos y conectividad, al tiempo que temen la llegada de problemas como enfermedades transmitidas por el agua estancada. Las necesidades se agravan por su condición de alta marginación, lo que dificulta la llegada de ayuda humanitaria con prontitud y eficacia.
Organizaciones comunitarias alzan la voz
Miembros del Consejo Indígena y Popular de Guerrero–Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) y otras organizaciones locales han denunciado falta de presencia institucional en la zona afectada. Exigen al gobierno federal que emita una declaratoria formal de desastre, habilite fondos de emergencia y active brigadas de apoyo que permitan restablecer servicios básicos con urgencia.
Advierten que si no reciben una respuesta inmediata, instalarán bloqueos carreteros en puntos estratégicos de la región para visibilizar la crisis y presionar por atención prioritaria. Su objetivo es evitar que la sequía y la falta de asistencia agraven un escenario ya complejo por factores climáticos y económicos.
Estado actual de la respuesta gubernamental
Autoridades estatales informan que están evaluando los daños mediante inspecciones en sitio y que han activado brigadas móviles de evaluación. Sin embargo, estas acciones aún no han dado paso a programas de reparación estructural ni la entrega de apoyos directos, como insumos para reconstrucción y paquetes de limpieza e higiene.
Por su parte, la Secretaría de Bienestar ha anunciado una revisión del estado de situación en las zonas afectadas, aunque no ha establecido hasta ahora una fecha puntual para el despliegue de recursos. La demora ha generado desconfianza en las comunidades, pues consideran que el proceso de apoyo está siendo manejado de forma burocrática y sin acelerar los mecanismos de ayuda.
Impacto socioeconómico y cultural
En muchas de estas comunidades, los sistemas de cultivo ancestral —como maíz, frijol y plátano— son sostenes esenciales para su subsistencia y son responsables de la economía local. La pérdida de estas cosechas implica un golpe directo a la seguridad alimentaria del hogar. Además, el hacinamiento y las condiciones de las viviendas deterioradas derivan en riesgos de salud y degradación de las condiciones de vida comunitarias.
A esto se suma el riesgo de fractura social debido al desgaste y la desilusión provocados por la ausencia de atención estatal, lo que podría traducirse en mayor migración interna o externa, particularmente hacia zonas urbanas del estado o hacia Estados Unidos.
Riesgos y escenarios a futuro
Si no se atiende con rapidez la declaratoria de desastre y se implementan programas de reconstrucción y apoyo productivo, las comunidades podrían enfrentar una temporada de hambre o pérdida completa de fuentes de ingreso. Organizaciones civiles locales y nacionales han solicitado la intervención del gobierno federal, así como de organismos internacionales, para que se active un plan de atención integral que incluya rehabilitación de infraestructura, entrega de semillas resistentes y programas de generación de empleo temporal.
Por otro lado, los posibles bloqueos anunciados podrían generar confrontaciones entre manifestantes y autoridades, lo cual agravaría la tensión social en una región ya afectada por la presencia de grupos armados y un alto nivel de marginación.
Conclusión
El huracán Erick ha dejado al descubierto las brechas persistentes en la atención a comunidades indígenas y afromexicanas en Guerrero. Sin una respuesta pronta y efectiva, se corre el riesgo de que una emergencia natural se convierta en una crisis humanitaria prolongada. Las autoridades deben actuar con decisión y coordinación para emitir la declaratoria de desastre, definir prioridades territoriales y garantizar mecanismos de reconstrucción y apoyo alimentario. Solo así se podrá evitar un deterioro aún mayor en la calidad de vida de cientos de familias en la Costa Chica guerrerense.
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