Un cambio significativo en la configuración del poder legislativo
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha aprobado, con 7 votos a favor y 4 en contra, la distribución de 364 legisladores para Morena y sus aliados, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), en la Cámara de Diputados. Esta decisión otorga a Morena una mayoría calificada, permitiéndole realizar reformas constitucionales sin la necesidad de negociar con otras fuerzas políticas, una situación que rememora el poder absoluto que ejercía el PRI en el pasado.
Detalles de la distribución y su impacto en la representación
El acuerdo aprobado por el INE asigna 236 curules a Morena, 77 al PVEM y 51 al PT, logrando así un total de 364 escaños de los 500 disponibles. Este reparto se llevó a cabo considerando la “afiliación efectiva” de los candidatos, es decir, contabilizando a los legisladores según el partido al que realmente pertenecen, aunque hayan competido bajo las siglas de otro partido en la coalición
Controversia sobre la sobrerrepresentación
La decisión del INE ha generado un debate sobre la sobrerrepresentación en el Congreso. De acuerdo con la Constitución, ningún partido puede tener un porcentaje de curules que exceda en más de 8 puntos su porcentaje de votación. Sin embargo, al aplicar esta norma por separado a cada partido dentro de la coalición, Morena y sus aliados han conseguido una mayoría calificada, lo que ha provocado críticas de la oposición, que ve en esto una distorsión del espíritu original de la legislación electoral
Consecuencias políticas y posibles reformas
Con esta mayoría calificada, Morena y sus aliados podrán impulsar reformas constitucionales sin la intervención de la oposición, lo que podría llevar a cambios significativos en diversas áreas políticas y sociales. Esta situación ha sido comparada con el control absoluto que el PRI ejerció durante gran parte del siglo XX en México, cuando el partido en el poder podía aprobar casi cualquier iniciativa sin oposición
Este cambio en la configuración del poder legislativo plantea un panorama donde el gobierno federal tendrá la capacidad de moldear la legislación del país según sus intereses, lo que podría fortalecer la agenda política de la llamada Cuarta Transformación.
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