Más de 3 mil denuncias por fraudes inmobiliarios

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) ha anunciado la presentación de 3,405 denuncias por presuntos actos de corrupción inmobiliaria que afectaron a aproximadamente 73,000 derechohabientes. Las irregularidades detectadas incluyen juicios masivos simulados, ventas múltiples de las mismas viviendas, usurpación de identidad, e incluso complicidad de funcionarios públicos que facilitaron el despojo de propiedades a trabajadores.

Octavio Romero Oropeza, director del Infonavit, informó que estas prácticas se desarrollaron en complicidad con despachos jurídicos, notarios y autoridades locales, perjudicando gravemente el patrimonio de miles de familias. Hasta el momento, se han presentado formalmente 38 denuncias ante la Fiscalía General de la República, y el resto se presentará de forma escalonada.

El anuncio representa uno de los mayores esfuerzos institucionales por combatir redes de corrupción inmobiliaria que, durante años, operaron impunemente dentro del sistema de vivienda social.

Vivienda para el Bienestar: alternativa frente a la crisis

Como respuesta estructural a la crisis de confianza generada por estos fraudes, el Infonavit también lanzó el programa “Vivienda para el Bienestar”, que contempla la construcción de 22,266 viviendas en una primera etapa. Este programa, impulsado por la presidencia, busca garantizar el acceso a una vivienda digna a sectores históricamente marginados.

El proyecto tendrá una inversión proyectada de 600 mil millones de pesos a lo largo de seis años, con el objetivo de construir un millón de viviendas sociales. La estrategia prioriza a mujeres jefas de familia, adultos mayores, jóvenes, personas con discapacidad y comunidades indígenas. Además, se dará prioridad a quienes viven en regiones de alta marginación o riesgo.

La primera etapa del programa comenzó en Baja California Sur y se extenderá gradualmente a entidades del sur del país, donde la necesidad de vivienda digna es más acuciante.

Medidas para proteger a los derechohabientes

El Infonavit también dio a conocer que ha identificado más de 845 mil viviendas en situación crítica: abandonadas, vandalizadas o incluso invadidas. Para atender esta situación, se coordinará con la Secretaría del Bienestar un censo nacional que permita diagnosticar los casos y ofrecer soluciones legales y habitacionales a las familias afectadas.

Paralelamente, la institución está implementando medidas de protección directa para los trabajadores. Entre ellas, destaca el congelamiento de créditos en condiciones desventajosas, la reestructuración de pagos, y la reducción progresiva de tasas de interés. Se estima que más de 4 millones de derechohabientes podrían beneficiarse de estas políticas.

Estas acciones no solo buscan resolver problemas del pasado, sino también transformar la manera en que el Infonavit opera, volviéndolo más transparente, accesible y cercano a las necesidades reales de los trabajadores.

Conclusión

Las más de tres mil denuncias interpuestas por el Infonavit marcan un antes y un después en la lucha contra la corrupción dentro del sector vivienda en México. El impacto de estos fraudes no solo fue económico, sino también social y emocional, al haber afectado directamente la estabilidad de miles de familias.

La combinación de acciones legales, programas de construcción social y medidas de protección al derechohabiente apunta a una transformación profunda del sistema de vivienda. Este esfuerzo, si logra mantenerse y consolidarse, podría convertirse en un referente de cómo el Estado puede recuperar instituciones clave al servicio de la ciudadanía.

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